Por Daniel Alfaro
Es urgente retornar a clases. Lo prioritario será contener la interrupción de estudios en todos los niveles educativos mientras la enseñanza se enfoca en recuperar aprendizajes en los estudiantes matriculados y así disminuir el impacto de la pandemia sobre sus ingresos futuros y bienestar. Otro considerable impacto por resguardar es el socioemocional: la reclusión de estudiantes en sus casas que alejó de la sociabilización necesaria para su normal desarrollo y los acercó al estrés que la pandemia impuso en sus hogares.
Esta urgencia enfrenta, en la otra orilla, una regulación compleja para retornar a clases. Luego de reducir el riesgo epidemiológico en el distrito de la institución educativa, esta tiene que implementar medidas de bioseguridad en sus locales y, además, contar con la anuencia de las familias para iniciar, de manera gradual, un retorno a la semipresencialidad.
Urge regresar a clases por tres razones
En primer lugar, se debe enfrentar el abandono escolar. Según la plataforma Alerta Escuela del Ministerio de Educación (Minedu), más de 700 mil estudiantes en 2020 interrumpieron sus estudios o estuvieron cerca de hacerlo. Y, de acuerdo con el Semáforo Escuela Remoto del Minedu, el 40% de los profesores en 2021 identificó estudiantes en riesgo de abandono. Entre varios factores, las familias mencionaron que la baja conectividad sería la principal causa de riesgo.
Lo segundo es detener las pérdidas en los aprendizajes de los estudiantes y su consecuente impacto en los ingresos futuros. El economista Pablo Lavado estimó que el cierre de dos años de escuelas significaría 2.4 años de educación y una pérdida cercana a los S/79 mil de ingresos en la vida laboral de cada estudiante, con un impacto mayor en los informales. Del mismo modo, el Banco Mundial estimó que el cierre de escuelas retrocedería los logros de comprensión lectora a los niveles alcanzados hace 10 años.
La tercera razón es la más compleja. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo en 2020 sugirió que en América Latina se avecinan consecuencias a una escala sin precedentes en la salud mental de los estudiantes. En 2021, el Fondo de las Naciones Unidades para la Infancia y el Ministerio de Salud, a través de un estudio sobre la salud mental, revelaron que 3 de cada 10 niñas, niños y adolescentes tienen dificultades emocionales en Perú, sobre todo, los relacionados a ansiedad y estrés.
Las condiciones para la apertura de escuelas
La Resolución Ministerial 121-2021 del Minedu aprobó la normatividad para la prestación del servicio de la Educación Básica en los ámbitos urbanos y rurales en el marco de la emergencia sanitaria de la COVID-19, donde especificó las condiciones que los servicios educativos deben cumplir para el retorno a la semipresencialidad.
Existen tres condiciones para esta apertura. Las de contexto basadas en indicadores epidemiológicos y de territorio: tasa de mortalidad por la COVID-19, incidencia de casos positivos, ocupación de camas en zonas COVID-19, aislamiento social obligatorio, ruralidad y baja movilidad.
El conjunto de estos factores determinará si la institución educativa está habilitada para la apertura con algún grado de presencialidad. Actualmente, se cuenta con cerca de 77 mil instituciones educativas habilitadas, 69% del total.
La segunda condición es de bioseguridad, la cual exige contar con espacios abiertos o con ventilación, aforos limitados, mascarillas disponibles, acceso a agua y jabón, acceso a útiles de limpieza y al cuidado de las personas que son de riesgo. Y la tercera condición es la social donde los padres de familia deben dar su conformidad para la prestación del servicio. Así, las instituciones educativas que cumplan con las tres condiciones estarán aptas para el retorno a clases.
A pesar del elevado número de instituciones educativas habilitadas y a que la evidencia internacional no encuentra un escalamiento de los contagios por la reapertura de escuelas, a la fecha solo un bajo número de escuelas, alrededor de 6 mil concentradas en lo rural, son aptas y han retornado a la semipresencialidad.
Desde la comunidad educativa, este número reducido se explica por la falta de priorización de docentes en la vacunación de primera línea y por la desconfianza de las familias con relación a la baja capacidad de las escuelas para gestionar las adecuadas condiciones bioseguridad en los locales educativos, así como por el peligro de contagio que representa el transporte público en el trayecto hacia las escuelas.
Al respecto, el Minedu se realizado transferencias directas por más de S/400 millones a los locales educativos públicos para mejorar las condiciones sanitarias (el 95% ya retiró el dinero) y cerca de S/79 millones para la adquisición y distribución de mascarillas faciales textiles y protectores faciales para personal y estudiantes. Asimismo, se ha priorizado la vacunación de docentes que, según el Minedu, llegó a aplicar dos dosis a más de 370 mil profesores (59%) y solo una al 13%. Sin embargo, se deban dar medidas concretas para solucionar el problema el transporte público.
Frente a la urgente celeridad para reabrir escuelas, el Minedu junto con la Unidad de Gestión Educativa Local 07 iniciaron un plan piloto de clases semipresenciales que entró en vigor el 15 de setiembre con la participación de 16 colegios y la atención de más de 13 mil escolares.
La nueva normalidad de la educación peruana
Cumplir con estas condiciones será necesario, pero no suficiente. Revertir el impacto de la pandemia en el sistema educativo demandará también cambios profundos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que se adapte a la necesidad de la emergencia sanitaria y que responda los retos de la nueva normalidad. Estas tareas interpelarán la capacidad de los poderes del Estado para superar la crisis educativa más grande de su historia.
Enfrentar esta situación implicará dos grandes retos. El primero será seguir reduciendo las brechas de desigualdad que la pandemia amplió. Por ejemplo, la conectividad para llevar a cabo clases a distancia es baja y desigual: según el Minedu, solo el 20% de hogares cuenta con conectividad con una enorme desigualdad entre lo urbano (24%) y lo rural (2.3%). Ello es consecuente con las diferencias en aprendizajes, acceso a la educación básica y tránsito a la superior que se encuentra entre estos ámbitos geográficos.
Si bien el gobierno distribuyó más de un millón de tables a docentes y a estudiantes de quintil 1 y 2 de pobreza que incluye zonas rurales, aún está pendiente mejorar las oportunidades de aprendizaje a través de mejores condiciones en las aulas multigrado, la educación intercultural bilingüe y básica alternativa, así como la secundaria rural y la educación técnica.
También se debe adecuar la implementación curricular a la nueva normalidad. Lejos de volver a cambiar el currículo, lo más prudente sería dotar de mayor autonomía a las instituciones educativas y sus docentes para enfocarse en la enseñanza de las competencias más pertinentes para la diversidad de realidades a lo largo del territorio nacional. Aquellas que mejor respondan a sus posibilidades de empleabilidad futura, donde lo digital jugará un rol preponderante, y que a su vez faciliten un desarrollo integral de las personas.
