Por Luis Miguel Castilla.
El año que culmina, y seguramente el que está por empezar, deja claro que es falsa la narrativa oficialista – al menos de la izquierda recalcitrante y desinformada- que en el Perú las empresas mineras se llevan al exterior el 70% de los beneficios y dejan poco en el país. La magnitud de la renta minera y las consiguientes enormes transferencias por canon y regalías a las jurisdicciones donde se ubican los recursos naturales hacen incomprensible la conflictividad social contraria a la actividad minera.
Esto no quiere decir que no hayan problemas sociales y ambientales que atender en algunos casos específicos; pero generalizar que poco se aporta al desarrollo territorial es una grosera tergiversación de la realidad. Peor aun deja sin justificación alguna la vulneración al adecuado funcionamiento de la actividad minera ante bloqueos de vías públicas o violacion de la propiedad privada.
Los grupos organizados que extorsionan a la empresa privada y manipulan a poblaciones que sin duda tienen legítimas demandas sociales al estar desatendidas por el Estado pasan por alto que el problema central es la incapacidad de convertir la renta minera en mejoras en la calidad de vida de los más desfavorecidos.
Varias explicaciones que vale la pena reiterar van desde la autonomía constitucional mal entendida que los recursos del canon son “propiedad exclusiva” del gobernante local de turno que puede hacer lo que quiera con esa inyección de recursos sin garantizar un mínimo impacto social, pasando por la corrupción que domina ante la ausencia de un control interno oportuno, la falta de capacidades técnicas, la elevada rotación de autoridades, la atomización de proyectos de inversión, la falta de una planificación real que cierre brechas y materialice la potencialidad territorial hasta la falta de un acompañamiento efectivo del Gobierno Nacional y una adecuada gestión de los conflictos sociales.
Todo lo anterior muestra un drama de gestión pública que si no se encara con un grado de urgencia inmediata seguirá abonando un caldo de cultivo de violencia peligroso y una población que continuará buscando panaceas irreales que, al fracasar, exacerba la desafección ciudadana.
Ahora que empieza un nuevo año y nueva gestión de miles de autoridades locales urge retomar este debate y plantear salidas que den viabilidad al aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales. No hacerlo sería incomprensible dadas las brechas que se acumulan y el descontento que no cede. Lo anterior demanda de liderazgo y un cabal entendimiento de los problemas reales que acechan al país.
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