Por Luis Miguel Castilla.
Entre los nueve ejes expuestos por el primer ministro Alberto Otárola para lograr que su gabinete obtenga el voto de confianza del Congreso de la República están el relanzamiento de la economía, la reactivación y el destrabe de las inversiones. A la persistente desaceleración económica se suman las enormes pérdidas económicas ocasionadas por la convulsión social que atraviesa el país.
La violencia está teniendo un significativo impacto negativo en múltiples sectores de la economía, incluso en algunos que apenas habían recuperado su nivel de actividad prepandemia. De hecho, el limitado desplazamiento de turistas golpea al turismo, el bloqueo de carreteras afecta al transporte, el cierre de locales afecta al comercio y los servicios, la toma de locales afecta a la minería, y las limitaciones para trasladar insumos y una menor demanda afectan al sector agropecuario.
Además, la menor producción y el desabastecimiento presionan los precios al alza, en un contexto de aún elevada inflación. La mella a la imagen internacional del Perú no es menor e inhibe la recuperación de las expectativas empresariales. El Ejecutivo ha presentado al Parlamento un pedido de facultades delegadas en materia económica y de modernización del Estado con miras a destrabar las inversiones paralizadas y atender con mayor eficacia las regiones más afectadas por la conflictividad social.
Esto complementa el plan “Con Punche Perú”, por el cual el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) intenta encarar de manera más focalizada el daño que la violencia social le está haciendo a ciertos sectores. Así, ha establecido tres ejes de acción centrados en la reactivación de la economía familiar, regional y sectorial. A través de un impulso fiscal que asciende a S/ 5.900 millones, el MEF prevé un impacto de 1,2 puntos porcentuales al PBI en el primer semestre del año en curso y la creación de 130.000 nuevos empleos (al menos de manera temporal).
Los componentes de este nuevo plan no son novedosos, ya que apelan a intervenciones tradicionales focalizadas, como son las bonificaciones extraordinarias a los beneficiarios de los programas sociales, el financiamiento de proyectos de inversión de rápida ejecución, el acompañamiento técnico a las nuevas autoridades regionales y locales, la ampliación de subsidios a la vivienda en las regiones afectadas por las protestas, la prórroga de la vigencia y plazo de las reprogramaciones de Reactiva Perú y los FAE sectoriales (textil y turismo), entre otras medidas.
Todas ellas apuntan en la dirección correcta y, por su magnitud, no tendrían afectación relevante sobre las cuentas públicas. Incluso resulta positivo haber identificado explícitamente una cartera de nueve proyectos mineros por más de US$ 10.000 millones que demanda un acompañamiento cercano del Gobierno nacional para evitar dilaciones. Sin embargo, esto último indudablemente requiere que se recupere la paz social en el país y se preserve el orden interno.
Uno de los principales factores que limita las expectativas empresariales y la reactivación es la incertidumbre que hasta el día de hoy no se logra despejar. La conflictividad sigue latente y, peor aun, estando por entrar a un periodo preelectoral con pronóstico reservado, es difícil que el Perú ofrezca las condiciones mínimas de estabilidad en las reglas del juego que la inversión privada demanda.
Aunque siempre habrá un flujo inercial de inversiones en tanto haya obras de inversión pública en curso y oportunidades de crecimiento de sectores muy puntuales, un shock de inversión privada que genere empleo y permita reducir la pobreza solo se dará en un país estable y con un mínimo de paz social.
A la par de asegurar que se preserve el orden interno y se restablezca un mínimo de tranquilidad, es evidente que las grandes carencias y las persistentes brechas sociales son caldo de cultivo para el descontento popular. Cambiar esta realidad en el país demanda acción urgente para cerrar de manera más acelerada las brechas a los servicios básicos (salud, educación, agua y saneamiento), que no llegan a grandes bolsones de la población.
Esta gran desafección los lleva a hoy apoyar opciones disruptivas y rechazar al Gobierno. La espada de Damocles que continuará generando incertidumbre es que alrededor de un cuarto de la población persista en apostar por propuestas radicales en las próximas elecciones generales en un país donde dominan la polarización y la desconfianza.
En este marco, es crucial que el debate actual, que se centra en la reforma política, se amplíe para abarcar la necesidad de mejorar la prestación de servicios básicos para que sean de calidad y accesibles para todos. Esto pasa por mejorar la gestión pública, hacerla más transparente y efectiva. Las únicas garantías de restablecer la paz social en el país son contar con un Estado más funcional que adopte políticas públicas que respondan a las necesidades efectivas de la ciudadanía, un Estado de derecho que se respete, y un sector privado que invierta y genere empleo.
De lo contrario, seguiremos siendo petardeados por grupos violentistas que se aprovechan del descontento popular para apuntalar agendas subalternas. Es positivo que al menos el Gobierno haya anunciado su intención de no quedarse en piloto automático de solo dedicarse a apagar incendios y haya planteado medidas puntuales. Lamentablemente hasta la fecha lo primero es lo que ha primado.
