Por Luis Miguel Castilla.
Es indudable que el aparato estatal ya no tiene la capacidad suficiente para transformar recursos públicos en obras de infraestructura y servicios que atiendan las necesidades de la población. Las deficiencias en la gestión pública son harto conocidas y se traducen en miles de millones de soles del presupuesto que no se ejecutan anualmente, obras paralizadas hace un cúmulo de años y la pasmosa incapacidad de Proinversion de adjudicar concesiones bajo la modalidad de asociación público privada o la reducción del número de proyectos bajo la modalidad de Obras por Impuestos a una tercera parte de lo adjudicado hace seis años.
Todo esto explica porque la brecha en infraestructura se sigue ampliando, el exiguo avance del Plan Nacional de Infraestructura y la reducción del crecimiento potencial del país. Ante esta dramática realidad, resulta positivo que el Congreso le haya otorgado al MEF facultades legislativas para destrabar inversiones y potenciar el acompañamiento a las unidades ejecutoras que carecen de la capacidad de cumplir a tiempo y sin sobrecostos el ciclo del proyecto desde la formulación hasta la ejecución contractual.
No es la primera vez que el Gobierno intenta hacer esto, pero no por ello no debe dejar de perseverar en la tarea de reducir costos de transacción, evitar la duplicidad de funciones entre entidades públicas y desplegar con mayor agresividad las opciones disponibles para una mejor ejecución de la inversión pública y privada. El mayor desafío, como siempre, será implementar los cambios normativos que se establezcan, labor que recaerá en los funcionarios públicos a cargo.
Para que este “shock de gestión” se materialice tiene que haber un cambio en el chip del funcionario público que no solo se enfoque en ver los reparos legales y técnicos que siempre existen a uno donde la proactividad sea lo que predomine en la búsqueda de soluciones. Evidentemente que estos cambios exigen ponerle el acelerador a la aplicación de la reforma del servicio civil y el sistema de control interno para asegurar que el adecuado set de incentivos sea el que guíe la acción estatal.
A esto se suma priorizar una mayor continuidad en los puestos de línea y la disposición de buscar alianzas con el sector privado. La hostilidad hacia el sector privado debe dar pie a un nuevo tipo de relacionamiento bajo esquemas innovadores, como la “compra de servicios” donde el Estado contrata a operadores especializados para la prestación de un servicio bajo especificaciones contractuales explicitas en lugar de lidiar con licitaciones de obra pública que usualmente terminan en arbitrajes ante incumplimientos contractuales por parte de la entidad pública.
El destrabe de inversiones no solo daría el mensaje claro que la reactivación económica necesita, sino que se empezarían a cerrar las enormes brechas sociales que percibe la población. Es momento de dejar la politiquería de lado y legislar y poner en marcha el shock de gestión pública que tanto se requiere en el Perú.
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