Por Luis Miguel Castilla.
La estimación que el PBI peruano habría crecido tan solo 0.5% en el periodo enero-marzo 2023, una tercera parte del crecimiento registrado en el último trimestre del 2022, es consecuencia de la afectación negativa que tuvo la convulsión social —especialmente en el sur del Perú—, y de las torrenciales lluvias que trajo el ciclón Yaku y que continúan asolando el norte. Pese a este desfavorable inicio de año, las expectativas empresariales que acaba de publicar el Banco Central de Reserva (BCR) muestran una recuperación en marzo en casi todos los rubros.
Tras este primer trimestre tumultuoso, cabe preguntarse si será posible que el país entre en una fase de mayor crecimiento económico. La inquietud es relevante de cara a un inminente Fenómeno El Niño, cuya real magnitud seguimos sin conocer. Las pérdidas económicas en eventos anteriores fueron significativas y, pese a ello, los avances del Estado para lograr una infraestructura más resiliente han sido prácticamente nulos. Una vez más, el Gobierno intenta proponer una entidad nueva para hacer frente a esta vulnerabilidad. Pero esos resultados, de efectividad incierta, recién podrán evaluarse a futuro.
Aun con estas contingencias, el pesimismo parece estar cediendo ante la reducción de la incertidumbre política asociada a un acelerado proceso electoral —como se pretendía inicialmente—, al que Congreso y Ejecutivo han dado largas. Es evidente que la debilidad de la administración de la presidenta Boluarte persiste, pero este aparente acuerdo con una mayoría del Parlamento le ha dado suficiente oxígeno, al menos para el corto plazo. Esto ha venido acompañado de un debilitamiento de los focos de la convulsión social. El desgaste físico y económico de los manifestantes, la presencia activa de las fuerzas del orden, la propia ocurrencia de desastres naturales, y el hecho de que las grandes ciudades de la costa no se hayan plegado masivamente a la protesta explican este desinfle.
Si bien esta situación podría cambiar intempestivamente por algún escándalo de corrupción que implique el entorno de la presidenta o alguna decisión del Congreso que gatille la indignación popular, es evidente que esta tregua política y el decaimiento de las propuestas más radicales han mejorado las expectativas. Sin embargo, la previsión de crecimiento del PBI para lo que resta del año no parece estar sujeta a una revisión al alza y se mantiene en torno al 2%, por debajo de las estimaciones oficiales. ¿A qué responde este escenario?
Primero, la inversión privada no crecería por segundo año consecutivo. La razón es la contracción de la inversión minera ante la ausencia de nuevos proyectos de gran envergadura. Esto por la persistencia de costos elevados (insumos y mayores tasas de interés), demoras injustificadas en la aprobación de instrumentos de gestión social y ambiental, y la reticencia de algunas nuevas autoridades regionales y locales de apuntalar proyectos por el temor al rechazo de ciertos movimientos antiextractivistas que siguen muy activos. La inversión privada no minera continuará en proyectos de infraestructura que estén en curso o en los que hayan ya hundido importantes recursos. Pero la mayoría de nuevas ampliaciones o emprendimientos continuará estando postergada ante los mayores costos que enfrenta el sector empresarial. Según Apoyo Consultoría, la principal prioridad para el 59% de los gerentes son la eficiencia y la reducción de costos.
Segundo, el consumo privado continuará creciendo, pero con un menor dinamismo. El mayor aporte vendrá del sector informal y de los segmentos socioeconómicos más bajos, que verán una recuperación de sus ingresos laborales, según las últimas cifras publicadas por el INEI. Sin embargo, factores que limitarán una mayor expansión del consumo son que la inflación continúe mermando la capacidad adquisitiva de la mayoría de las familias peruanas, y el menor ritmo de expansión del crédito al consumo (por el incremento en las tasas de interés y la mayor morosidad en el sistema financiero). De hecho, se registra un menor ritmo de variación en todos los mercados crediticios, desde el corporativo hasta el hipotecario. Sin duda hay segmentos rezagados en el sector servicios que contribuirán a un mejor desempeño, pero estarán sujetos a los factores de riesgo antes mencionados.
Tercero, el sector externo seguirá jalando a los sectores primarios en tanto no se materialicen los riesgos al alza. Esta semana justamente se llevan a cabo las reuniones de primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se debate la forma de continuar luchando contra la inflación global sin comprometer la estabilidad financiera. Los riesgos no son menores, en vista del impacto que están teniendo el incremento en las tasas de interés y las fragilidades en algunos mercados financieros con regulación prudencial insuficiente. Es así como, en muy poco tiempo, la previsión ha cambiado de hasta cuánto subirían las tasas de interés para reducir la inflación, a uno de reducción de tasas para evitar acelerar una recesión en Estados Unidos, en medio de un panorama de tensiones geopolíticas que no ceden. La reapertura de China ayuda a mitigar una previsión de menor crecimiento global, pero todavía no hay claridad respecto a la salida ordenada de la actual situación de estrés financiero. Para países como el nuestro, ayudan el incremento del precio del oro y la caída del precio del petróleo, pero la demanda externa y la mayor aversión al riesgo pueden penalizar el flujo de capitales hacia los mercados emergentes.
Por último, el Gobierno intenta inyectar más recursos públicos a través de Con Punche Perú. Ha solicitado un crédito suplementario al Congreso por más de 1% del PBI para financiar una gama de intervenciones que van desde la atención a la emergencia del norte, el pago de bonos a los damnificados, subsidios a la vivienda y mantenimiento preventivo de infraestructura vulnerable, hasta la asignación de recursos para la inversión pública a nivel nacional. Hasta la fecha, la inversión pública ha avanzado mejor de lo anticipado, con la excepción de los municipios que han visto un desplome en su ejecución. Sin embargo, los problemas de gestión permanecen en los tres niveles de gobierno, y los cambios normativos que se planean no tendrán resultados en el corto plazo. Por eso, la política contracíclica del Gobierno tendría un impacto limitado en reactivar la actividad económica. A esto se suma la reciente advertencia del FMI de no descuidar el cumplimiento de las reglas fiscales ante un panorama de mayores gastos e ingresos fiscales con tendencia a la baja.
En suma, este año no está exento de riesgos que limitarán un mejor desempeño económico, siendo quizás el más complicado para el Perú la intensidad de un fenómeno climatológico con una afectación adversa que será difícil de mitigar. Dicho eso, la economía está mostrando una capacidad de adaptación única que le permite seguir creciendo pese a todos los persistentes shocks que enfrenta.
Aun con la vorágine de permanentes crisis políticas, la economía se mantiene en pie gracias a la solidez de los fundamentos macroeconómicos nacionales (incluso con el sol como una “moneda fuerte” demandada por los vecinos); la apertura comercial (que hace que el Perú sea el primer exportador mundial de arándanos y uvas); el marco constitucional, que viene resistiendo los embates del radicalismo; y el espíritu emprendedor, innovador y pujante de su fuerza laboral y su clase empresarial, desde las mype hasta la gran empresa. El desafío sigue siendo dar el salto institucional y aprovechar las enormes oportunidades que tenemos para construir un país más próspero y cohesionado.
