La gran apuesta reactivadora del Gobierno es acelerar la inversión pública en proyectos de infraestructura. Pretende lograrlo inyectando recursos presupuestarios a través de “Con Punche Perú”, creando nuevas entidades como la Autoridad para la Infraestructura (ANIN) y modificando las normas para destrabar proyectos y agilizar la contratatación del Estado.
En teoría suena acertado y con algunos matices, especialmente respecto a la creación de nueva burocracia, muchos estaríamos de acuerdo con la estrategia gubernamental. Sin embargo, del dicho al hecho hay un enorme trecho y lo cierto es que lograr que las obras públicas se hagan a tiempo y sin sobrecostos como ocurre hoy con todas las modalidades de ejecución, desde la administración directa hasta las APP, pasando por los núcleos ejecutores y las obras por impuestos, no es posible en el Perú de hoy.
Es así como la ejecución de 72 proyectos del Plan Nacional de Infraestructura tomaría más de 30 años en materializarse al ritmo que vamos. Esta dura realidad nos somete a un crecimiento por debajo del potencial y, peor aún, a la falta de servicios fundamentales, como agua y saneamiento de calidad, que con toda justicia grandes segmentos de la población reclaman.
Esta precariedad nuevamente se visibiliza en regiones como Piura y Tumbes que tienen empresas municipales de agua y saneamiento quebradas y con una provisión de agua las 24 horas para solo el 3% y 16% de la población en esas regiones, respectivamente, por cierto aquejadas por los desastres naturales. Visto esto no hace ningún sentido esperar hasta que el Estado se reforme y se libre de la gran corrupción y cerrarse a nuevas formas de participación privada en la prestación de servicios básicos.
Esta demonizacion del sector privado por móviles ideológicos no hace más que limitar absurdamente el acceso a servicios fundamentales. Esto significa quebrar el paradigma que el Estado deba seguir concentrándose en la construcción de infraestructura, visión de cemento y concreto, y pasar a uno en el que lo que realmente importa son la calidad y la oportunidad que esos servicios deben dar a los peruanos.
Esto pasa por propiciar un cambio de enfoque hacia uno de compra de servicios provistos por el sector privado. Esto no debe ser visto como una privatización necesariamente, pero si como contratos de gestión donde una empresa privada especializada compite por vender servicios al Estado asegurando calidad, tecnología e innovación que cumpla los estándares exigidos y dejar de depender de una licitación pública muchas veces amañada o de la desidia del funcionario municipal de turno que no brinda los permisos y licencias a tiempo o la excesiva volatilidad en los cargos públicos.
Para ello se requiere decisión política y mostrar a la población los casos de éxito que ciertamente existen. Ejemplos son las APP de EsSalud en dos hospitales de Lima. En tanto se reforma y limpia el Estado, no hay nada que impida una mayor participación privada en la inversión pública.
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