Por Luis Miguel Castilla.
El reciente reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la violencia política y las responsabilidades políticas del Gobierno siguen generando una gran polémica a nivel internacional y da cabida a interpretaciones sesgadas de lo que sucede en el Perú. No se encuentra una evaluación ponderada de la realidad política nacional y está pasando desapercibido el deterioro de las condiciones de vida de un gran segmento de peruanos.
Los políticos siguen negociando acuerdos para copar entidades públicas y adelantar agendas particulares y poco, o nada, se hace para encarar las principales preocupaciones de la mayoría. Los tres principales problemas identificados son la lucha contra la corrupción, la inseguridad ciudadana y el aumento en el costo de vida. Esto último explica el repunte de la pobreza urbana, habiéndose incrementado en diez puntos porcentuales entre 2019 y 2022. Esto es tres millones de pobres adicionales que se encuentran en las zonas periurbanas del país.
La inversión privada y la generación de empleo
La manera más efectiva de revertir esta situación es a través de la generación de empleo que solo la inversión privada es capaz de demandar. Sin embargo, la inversión privada está deprimida por un incremento en los costos- de origen externo- riesgo regulatorio- que ha venido reduciéndose por un manejo más tecnocrático- parálisis gubernamental, incertidumbre respecto al futuro, entre otros.
El Gobierno intenta compensar esta situación a través de una política fiscal expansiva y realizando giras al exterior para atraer capital externo. Sin embargo, la clase política petardea estos esfuerzos al estar más centrada en mantener cuotas de poder dentro del Parlamento o de intentar copar instituciones autónomas. Esto acaba debilitando aún más nuestra frágil democracia.
Esta realidad dual entre lo político y lo económico mina las perspectivas de recuperación económica y podría generar un mayor descontento social que termine complicando aún más la gobernabilidad del país. La economía ha probado ser sumamente resistente por sus sólidos fundamentos macroeconómicos, su marco constitucional y la capacidad emprendedora de su empresariado y fuerza laboral.
Pero estos atributos no son suficientes para compensar la precariedad política que no tiene visos de mejorar. Urge tomar consciencia de la urgencia de estos riesgos y nuevamente retomar las reformas que aseguren un sistema político y un Estado que funcione y que permita que la actividad privada cree riqueza para encarar las brechas sociales que nuevamente se vienen ensanchando.
Aquí puedes leer la columna de Luis Miguel Castilla en America’s Quarterly.
