Columna de Paola Bustamante en El Comercio.
Más de 3.600 mujeres fueron reportadas desaparecidas a mayo, informó la Policía Nacional de Perú, de las cuales 2.890 son adolescentes y, lamentablemente, solo el 56% fueron halladas. Además, se registraron 29.400 casos de denuncias por delitos de trata en el ámbito nacional entre el 2018 y mayo del 2023. Solo entre enero y abril de este año, son más de 2.000 denuncias, reporta la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas.
Como lo señalan Ricardo Valdés, Carlos Basombrío y Dante Vera (2022), “lo usual en el mundo criminal es que se produzcan asociaciones entre las diversas economías ilícitas […]. La trata de personas, al estar en el mercado de los recursos humanos, provee de fuerza laboral o de servicios de entretenimiento a otras economías criminales, con las que crea sinergias delictivas”, tal es el caso de la minería ilegal.
Es probable que la mayoría de ciudadanos no sienta que las consecuencias de la minería ilegal afectan su vida diaria, pero sí nos preocupa la inseguridad cuando nuestros hijos salen a la calle, y por lo tanto, sí debería preocuparnos por qué la minería ilegal sigue creciendo en nuestro país, ya que en la medida que siga creciendo, es probable que la trata vaya en aumento.
En el informe sobre minería ilegal de la PUCP (2021), se señala que “el desarrollo de la minería ilegal afecta el medio ambiente, en muchos casos se destruyen fuentes de agua, se depreda sin control distintas áreas que albergan especies vegetales y animales”. Esta situación sigue afectando a la población, por lo tanto, es fundamental poner atención en detener el avance de la minería ilegal.
Se estima que se producen más de un millón de onzas de oro al año de manera informal e ilegal, ello representa cerca de US$2.000 millones al año, según lo señalado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), lo que implica una pérdida para el Estado, afectando también la inversión privada en varias zonas de nuestro país.
Uno de los casos reportados últimamente en torno a la minería ilegal y el accionar de la criminalidad se desarrolla en Pataz-La Libertad, donde hemos visto a través de los reportes periodísticos el impacto en la vida de la población y en las operaciones de la empresa minera Poderosa.
En Apurímac, los mineros ilegales continúan invadiendo el tajo Chalcobamba del proyecto minero Las Bambas, lo que afecta el desarrollo del distrito de Coyllurqui. La paralización de las operaciones en ese tajo implica que el distrito, la provincia de Cotabambas y el departamento de Apurímac dejarán de percibir ingresos por concepto de regalías y canon. Vemos entonces que la minería ilegal viene generando impactos negativos en la economía y el desarrollo del país, al dejarse de recibir ingresos para que estos puedan ser invertidos en servicios y obras públicas que tanto se requieren.
En tanto, en el Congreso se encuentra el Dictamen 25, aprobado por la Comisión de Energía y Minas, que propone un nuevo plazo y condiciones para el acceso al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), lo cual generará impunidad a los mineros ilegales, que se escudan bajo el título de minero en proceso de formalización y con ello tener marco para seguir delinquiendo, sin posibilidad de ser denunciados.
“No se debe permitir que el Congreso siga de espaldas al país, el pleno no debe aprobar esa propuesta normativa, que tiene opinión en contra del Ministerio del Ambiente, Defensoría del Pueblo y de los fiscales de Madre de Dios, quienes solicitan que el Ejecutivo la observe, en caso de que sea aprobada.”
Esperemos que el gobierno de la presidenta Boluarte cumpla lo señalado en el discurso de 28 de julio: enfrentar el crimen organizado y la delincuencia, poniendo a los ciudadanos como prioridad aunque ello signifique romper su alianza con el Congreso.
