Columna de Janice Seinfeld en El Comercio.
Hace pocos días, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que la economía peruana registró una contracción del 0,56% en junio. El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, precisó que “es difícil que estemos en recesión técnica” porque, pese a la contracción de los dos primeros trimestres, el empleo y el consumo formal siguen creciendo.
Según su criterio, si bien es indudable que hay problemas de crecimiento, debemos analizar todas las variables en su debido contexto. Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, anunció que estaríamos por entrar a una fase de mayor crecimiento a partir de la segunda mitad del año. Es decir, el proceso es de recuperación. ¿Confundidos? Nosotros también.
Para intercambiar ideas sobre qué está pasando con la situación económica del país y qué debemos hacer para crecer más, conversamos con dos respetados colegas, cuyas opiniones quiero compartir hoy con ustedes. Se trata de Carlos Oliva, exministro de Economía y Finanzas, actual presidente del Consejo Fiscal del Perú y vicepresidente del directorio del BCRP, y Luis Alberto Arias, exvicepresidente del BCRP.
Para Carlos, es indudable que la situación económica peruana está complicada. Resumiendo: estamos frente a una economía estancada que, desde hace por lo menos ocho meses, se mueve entre el -1 y el +1 de decrecimiento/crecimiento, una disminución de la demanda interna de más del 2% y una preocupante caída de la inversión privada del 10% en el primer semestre. Como consecuencia de estos tres elementos, la pobreza no solo no se está reduciendo, sino que está aumentando.
Para Luis Alberto, probablemente el crecimiento del 2023 será el más bajo de los últimos 25 años –sí, ha leído bien–. Él puso el foco sobre el empleo y los resultados negativos de un reciente informe del INEI que por primera vez ofrece información de corto plazo sobre el mercado laboral a nivel nacional, área urbana, rural y en 26 ciudades. Según dicho reporte, en el primer trimestre de este año la población ocupada disminuyó en 16 de esas 26 ciudades.
Coinciden con que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está haciendo un muy buen trabajo en la medida de sus posibilidades técnicas, aunque ayudaría que su titular tenga más peso político dentro del Gabinete. Por ello, destacaron la necesidad de lograr acuerdos políticos.
Para Luis Alberto, requerimos acuerdos que permitan reducir la evasión y la elusión tributaria, racionalizar los gastos tributarios y dar un salto cualitativo en la recaudación. Para Carlos, lo principal es lograr un pacto de no agresión con el Congreso de la República para que deje de aprobar leyes por insistencia, sobre todo aquellas que tienen un fuerte componente económico. Y congregar al Consejo Nacional de Competitividad y Formalización para implementar el Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019-2030, del que se ha avanzado muy poco. Darle un nuevo ímpetu a este espacio que permite congregar al sector privado, la academia, los sindicatos y a representantes de once ministerios.
Por mi lado, quiero destacar dos anuncios recientes del ministro Contreras. Primero, que el MEF buscará, por primera vez, reasignar aquellos recursos que las autoridades subnacionales no ejecuten. Es decir, que en lugar de que estos recursos regresen al tesoro público, sean empleados por otra localidad que muestre mejores niveles de ejecución.
El ministro lo ha explicado así: “Implica coordinar con los gobiernos regionales, ver su proyección de gasto y, donde exista una brecha, reasignar esos recursos a aquellos gobiernos que están ejecutando mejor”. Idealmente, esa subejecución debería complementarse con medidas a corto y mediano plazo que atajen la falta de capacitación de muchos funcionarios subnacionales, que sencillamente no saben cómo emplear los recursos públicos de manera eficiente.
En segundo lugar, está la intensión del MEF de impulsar la inversión privada dándole mayor peso a los temas de competitividad. Este nuevo plan de competitividad, que reemplazaría al citado Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019-2030, será lanzado en setiembre e incluirá medidas estructurales de alto impacto como una nueva ley de contrataciones, el impulso a la eficiencia del gasto público y acciones de formalización y desarrollo empresarial como, por ejemplo, procedimientos administrativos en gobiernos regionales y locales estandarizados, entre otras medidas.
Asimismo, planteará el fortalecimiento de las agencias sanitarias para mejorar su atención y agilizar procesos que contribuyan a cumplir con estándares internacionales para el comercio. Y propondrá proyectos como desarrollar una planta petroquímica en el sur del Perú con inversión privada que produzca fertilizante barato para los agricultores, y evaluar el enorme potencial para un ‘hub’ portuario minero en el sur del país.
La economía peruana, que según el MEF sigue siendo la más sólida de la región, no se reactivará a menos que impulsemos la inversión privada. No hay tiempo que perder.
