Por Luis Miguel Castilla.
Desde el estallido de la guerra en Ucrania hace más de 18 meses, el mundo ha acelerado un proceso de transición energética para reducir la dependencia de combustibles fósiles, adoptar fuentes de energía renovables más limpias y migrar hacia la electromovilidad (la electrificación del transporte). Este proceso ha acelerado los esfuerzos por luchar contra el cambio climático que se habían ralentizado durante la pandemia. Para lograr una transición ordenada, los países tienen que equilibrar objetivos de competitividad, accesibilidad, sostenibilidad y seguridad en el suministro. Esto último es clave, ya que las energías renovables no convencionales, por su propia naturaleza, son discontinuas y deben almacenarse (como la energía solar) y los costos aún son muy elevados. En este sentido, tener un complemento relativamente limpio como el gas natural (en comparación con el diésel o el carbón) y económico permitirá a nuestro país transitar con éxito el proceso ineludible de descarbonización.
Oportunidad para el Perú
La mayor oportunidad para un país minero como el nuestro se dará por la gran demanda global de metales críticos como el cobre en el proceso de reconversión hacia el transporte eléctrico. De cierta forma, se va a desacoplar la dinámica de precios internacionales del crecimiento del mundo al haber esta transformación que recién se inicia en el Perú. Para aprovechar esta oportunidad y reactivar la economía que sigue comatosa, urge revertir la contracción de la inversión minera que sufrimos hace algunos años. La pérdida de competitividad minera se atribuye al incremento en costos de los insumos, pero principalmente al deficiente manejo de la conflictividad social y a la maraña administrativa que impide que nuevos proyectos se den con mayor celeridad.
Ventanilla única digital minera
El Gobierno publicó esta semana la norma que relanza la ventanilla única digital minera y se esmera por señalar que destraba proyectos (aunque muy selectivamente como muestra el caso de Tía María). Un cambio real que reduzca los asfixiantes costos de transacción significa una mayor estandarización entre distintas entidades públicas, mejoras en el personal técnico y una alta dosis de voluntad política. Esto último es clave para materializar anuncios que tardan demasiado en concretarse.
Asegurar mayores beneficios para la población
Es evidente que la agenda pasa también por asegurar a la población mayores beneficios de la renta minera y una mitigación más efectiva de las externalidades negativas de la actividad extractiva. Mención aparte merece abordar el imparable avance de la minería ilegal que hoy ya abarca 85 millones de hectáreas en el país y se ha vuelto en fuente de extorsión a la actividad formal. Los procesos de formalización han fracasado y el Congreso apaña este fracaso prorrogando fechas de inscripción en el registro oficial, lo que en lugar de permitir una mayor formalización, otorga un manto de legalidad para que las actividades ilícitas sigan campantes.
No perdamos la ventana de oportunidad que nos da la transición energética. Requerimos más acción y menos retórica.
