Por Luis Miguel Castilla.
En medio de una nueva y aguda crisis política e institucional, el Congreso quiere hacer de las suyas dilatando la aprobación de la ley de Presupuesto para el 2024. Faltando solo dos días para que se venza el plazo legal para aprobar la ley más importante que rige el financiamiento de todas las actividades del Estado, la Comisión de Presupuesto del Congreso pretende introducir cientos de disposiciones de iniciativa de gasto que desequilibrarían el presupuesto y harían imposible cumplir con las reglas fiscales para el año entrante. Ya de por sí, el Ejecutivo planteó un presupuesto bajo supuestos demasiado optimistas para inflar una expansión del gasto desproporcionada y que no se condice con una caída de los ingresos tributarios.
Congreso irresponsable
Ahora, un Congreso irresponsable quiere meter la mano e incluir proyectos de inversión sin marco presupuestal, aumentos remunerativos y crear nuevas unidades ejecutoras para inflar la burocracia e incubar futuras demandas adicionales de gasto público. Peor aún, el Congreso extorsiona al MEF quitándole una herramienta que le permitiría una mayor flexibilidad para tomar saldos de balance o realizar reasignaciones presupuestarias para financiar intervenciones ante la emergencia climatológica.
Incapacidad del MEF
Este comportamiento no es distinto al de años pasados, pero es indicativo de que lo único que persiguen los legisladores es alimentar las pretensiones de autoridades locales y regionales que solo les mueve el presupuesto adicional y, probablemente en la mayoría de los casos, motivados por acuerdos subalternos con contratistas y que subestiman la importancia del equilibrio presupuestario o la necesidad de velar por la eficiencia de la inversión pública y de limitar el gasto corriente rígido del Estado en un contexto de debilidad de las finanzas públicas. Sin embargo, este tira y afloje refleja una realidad más compleja y delicada: la incapacidad del MEF, parte de un gobierno débil y permisivo, de frenar la voracidad de los legisladores. El hecho de que el Gobierno haya presentado millonarios créditos suplementarios hace poco ha alimentado un apetito insaciable por mayor presupuesto.
Institucionalidad
La descomposición institucional que abarca a la mayoría de poderes del Estado ciertamente no ayudará a crear las condiciones para una recuperación económica el año entrante. Lo peor para la inversión privada y el gasto que realizan los consumidores es la incertidumbre respecto del futuro y la degradación de las entidades que tienen la responsabilidad por la administración de la justicia y preservar el imperio de la ley. Los recientes actos nuevamente atizan el entorno y hacen muy difícil seguir apostando capital por el país. Nuestras autoridades siguen mostrando una gran indolencia respecto al bienestar colectivo y siguen enfrascadas en pugnas sin fin y actos delictivos que profundizan el pesimismo en el peor de los momentos.
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