Por Luis Miguel Castilla
En un contexto de crisis política normalizada, el país enfrenta una degradación en la función pública, con el Ejecutivo siendo reflejo de la precariedad política del Congreso. Medidas antitécnicas y populistas, como la derogación de leyes contra la minería ilegal y la aprobación de un séptimo retiro de fondos de pensiones, frenan la confianza económica. La incertidumbre y la falta de estabilidad política limita el crecimiento económico y obstaculiza la generación de empleo y la lucha contra la pobreza, al tiempo que perpetúa la indiferencia hacia problemas como la seguridad ciudadana y la corrupción, evidenciando una clase política que sacrifica el progreso nacional por su permanencia en el poder.
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