Por Luis Miguel Castilla.
En medio de los problemas judiciales de la presidenta Boluarte, pedidos de vacancia por incapacidad moral, cambios ministeriales e investidura del nuevo gabinete, el remozado Consejo de Ministros ha planteado ante el Congreso de la República múltiples anuncios de proyectos en diversos sectores para acelerar la recuperación económica y adoptar medidas para luchar contra la inseguridad ciudadana que aqueja al país.
Impulso y desafíos en la recuperación económica
En materia económica, se prevé proponer acelerar la adjudicación de proyectos de asociación público-privada, con la ambiciosa meta de alcanzar los USD 25.000 millones al 2026. Asimismo, viabilizar proyectos mineros (empezando por seis por un monto que asciende a USD 4.500 millones en 2024), relanzar el Plan Nacional de Competitividad, etc. A esto se suma la urgencia de recuperar los flujos de turismo receptivo que teníamos antes de la pandemia, objetivo que se vería limitado por la politización de las relaciones económicas entre países hermanos. El caso de la reintroducción de visas con México es un claro ejemplo de un retroceso que limita la recuperación de un motor de crecimiento que no alcanza su gran potencial.
Necesidad de efectividad en las acciones gubernamentales
Es evidente que lograr efectividad en los anuncios gubernamentales debería ser lo distintivo para marcar la diferencia con la gestión anterior, que solo se quedaba en la retórica y mostraba escasos resultados. Sin embargo, persiste la creencia de que aprobando cambios normativos se genera confianza automáticamente. Salvo que se retomen reformas de fondo en temas centrales como la descentralización y el ámbito laboral, se adopten medidas para mejorar la productividad, se impulse la meritocracia, se mejoren la eficiencia y el impacto de la inversión pública, entre otros, todo lo anunciado resulta insuficiente para retomar con mayor ímpetu la confianza y el progreso a un paso más rápido.
Desafíos de consenso y liderazgo para una agenda de reformas efectiva
Es indudable que esa agenda de reformas requiere grandes consensos y un Gobierno fuerte con capital político para liderar e impulsar los cambios que el país necesita. Dado que eso está ausente hace mucho tiempo, debemos conformarnos con propuestas bien intencionadas pero que no encaran los problemas estructurales que nos aquejan. Y la responsabilidad no es solo del Ejecutivo, sino de todos los poderes del Estado, que más bien están concentrados en sus propios móviles y en conflictos que no tienen cuándo terminar. El Congreso incluso se muestra empecinado en hacer que el país retroceda en materia de reforma magisterial o lucha contra la minería ilegal.
Acuerdos políticos sobre la eficacia de las propuestas
Es penoso pero cierto advertir que la obtención del voto de confianza del nuevo gabinete no ha sido producto de la aprobación de las ideas expuestas, sino de los acuerdos políticos pactados para poder llegar al 2026 y permanecer en el poder. Los problemas de la mayoría de los peruanos siguen sin ser atendidos por gobernantes desconectados de la realidad nacional, o abiertamente indiferentes frente a ella.
Mira aquí la entrevista de Luis Miguel Castilla en RPP:
