Por Luis Miguel Castilla 
Cerró la legislatura con aprobaciones pendientes, como la delegación de facultades (falta la segunda votación) y la reforma de pensiones (falta definir la reconsideración de la segunda votación), pero con un muy desfavorable balance de haber debilitado las cuentas públicas. La aprobación de dictámenes o primeras votaciones que representan iniciativas de gasto público o perforaciones a los ingresos permanentes que tiene el fisco representan una farra fiscal y el preámbulo de lo que será la aprobación de la ley de presupuesto de la República para el 2025 en los próximos meses. 

Desafíos fiscales y políticos en la economía actual

El déficit fiscal del sector público no financiero se aproxima al 4% del PBI al mes de mayo, el doble de la regla fiscal vigente que aún no ha sido modificada. Incluso si se aprobara el eventual relajamiento de la regla del tope de déficit fiscal a 2.5% del PBI para este año, como pretende el Ejecutivo, será muy difícil cumplirla por el aluvión de demandas adicionales de gasto y la continua perforación de los ingresos tributarios. El Congreso actúa irresponsablemente al insistir en aprobar regímenes donde se reduce el pago del IGV para sectores determinados o se crean nuevas deducciones de gasto aplicables al impuesto a la renta de personas naturales. La economía crece nuevamente (5.3% al mes de abril, aunque por efecto rebote principalmente) y que el Congreso use “la recesión económica” no es justificación alguna para dar tratamiento tributario especial a ningún contribuyente. Muy por el contrario, los intentos de perforar la base de ingresos permanentes responden a la influencia que ejercen grupos particulares que presionan por beneficios tributarios o móviles políticos que buscan congraciarse con votantes futuros. Todo esto significa que se debilita nuestra fortaleza fiscal y arriesgamos perder el grado de inversión soberano. 

Desafíos y riesgos de la reforma previsional

En este contexto, la principal reforma que sería aprobada por el Congreso, la previsional, no cuantifica el costo fiscal de implementarla, ahondando contingencias fiscales que enfrenta el erario. Si bien el proyecto aprobado tiene atributos positivos y es una mejora ostensible frente a intentos previos de reforma, adolece de un análisis de viabilidad financiera y no identifica cómo se financiará a futuro. Toda reforma tiene costos fiscales de largo plazo pero debe ser explícita en identificar fuentes de financiamiento para no vulnerar la sostenibilidad de las cuentas públicas. 

Debilidad institucional y riesgos financieros

Este debilitamiento del manejo de las cuentas públicas ocurre en un contexto de creciente debilitamiento del MEF y su nula capacidad de contener estas iniciativas legislativas. Es triste constatar que ni siquiera se da la pelea por defender los fueros y plantear acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional como se hacía en el pasado. Todo este retroceso pone en jaque la salud de nuestras finanzas públicas, situación que se pondrá peor a medida que entremos en temporada preelectoral. El Congreso está jugando con fuego y sin control efectivo alguno. 

Lee aquí su columna publicada en el Diario El Comercio: