Por Luis Miguel Castilla
A pocos días del discurso presidencial de Fiestas Patrias, es propicio hacer un balance del año de gestión del Gobierno en materia económica. Ciertamente estamos en mejor posición que hace doce meses: la inflación retornó nuevamente al rango meta luego de dos años; la recesión quedó atrás al registrarse una recuperación en casi todos los sectores (liderados por los vinculados a la actividad primaria); las expectativas empresariales vuelven al terreno positivo (aunque con altibajos); la inversión pública crece a buen ritmo, especialmente en el caso de los gobiernos municipales y regionales; Proinversión nuevamente adjudica nuevas asociaciones público-privadas; etc. Todo lo anterior significa que se cumplirá el pronóstico de crecimiento este año de alrededor del 3% (con ligero sesgo al alza).
Desafíos y obstáculos políticos
Lamentablemente, no todo es positivo y nubarrones frenan una recuperación más vigorosa. En primer lugar, la debilidad política del Ejecutivo significa la incapacidad de contener el populismo legislativo que se irá agravando a medida que se acerque el ciclo electoral. Esto se refleja en un debilitamiento de las finanzas públicas ante el nulo margen de maniobra que tiene el MEF dadas las severas restricciones políticas. Permanece el riesgo de perder el grado de inversión.
Contrarreformas institucionales
Se suman las contrarreformas institucionales que limitan el crecimiento de largo plazo. Claros ejemplos son los reveses sufridos por la meritocracia en el magisterio, la crisis que sufre la administración de la justicia, el debilitamiento de la institucionalidad democrática y el avance del crimen trasnacional y de las economías ilegales. En un caso, la factura será gigante en el deterioro de la calidad del capital humano y su impacto en la empleabilidad de una fuerza laboral de baja productividad. En el otro, se ve perjudicado el estado de derecho y se violenta la seguridad jurídica clave para movilizar mayor inversión privada. Además, vivimos el riesgo de que comience a imponerse el control de bandas delictivas que se alimentan de la minería ilegal y otros ilícitos con enorme costo social.
Falta de iniciativa gubernamental
El Gobierno no toma la iniciativa para lidiar con estos problemas que venimos arrastrando y hace poco para mejorar la calidad de los servicios públicos que mantiene postrado el bienestar de millones de peruanos que viven en condiciones de pobreza o vulnerabilidad. Peor aún, parece tentado en aprobar medidas populistas que benefician a muy pocos en desmedro de la mayoría de peruanos. Tal es el caso del anunciado aumento del salario mínimo, bajo el pretexto de que ahora es el momento debido a la recuperación económica en curso. El problema radica en que el susodicho aumento favorecería a muy pocos trabajadores (menos del 5% de la PEA) y pone la valla más alta para millones de informales. En una economía donde dominan las microempresas, resulta muy mala la decisión de aumentar los costos laborales, ya que induce una mayor informalidad, al apostar por una ficción de progreso por decreto. Ojalá se reflexione en esta materia.
Mira aquí su entrevista en RPP:
