Por Luis Miguel Castilla
Hay elementos que permiten prever una recuperación económica mayor a la esperada a inicios de año. El consenso de analistas muestra que se cumplirá la proyección de crecimiento del PBI de este año. El rebote estadístico, la menor inflación, el mayor avance de la inversión pública, la adjudicación de nuevas concesiones por Proinversión y la mejora en las expectativas empresariales permiten asegurar que este año habrá una recuperación del mercado laboral y, cuando menos, el inicio gradual de la reducción de la pobreza. Estos factores seguramente estarán contenidos, entre otros, en el discurso presidencial de Fiestas Patrias del próximo domingo. Una omisión del mensaje a la nación será el debilitamiento de las cuentas públicas ante la incapacidad del Ejecutivo de contener las presiones de gasto público. Cumplir con la nueva regla fiscal de 2.8% del PBI luce hoy poco probable.
Riesgos institucionales y su impacto en la inversión
Los riesgos de descarrilar la recuperación no son menores. Estos tienen que ver con el deterioro del marco institucional que atenta contra el atractivo de nuestro país como plaza segura para la inversión. Tres determinantes son la vulneración de la seguridad jurídica, el avance de agendas subalternas en el Congreso con la elección de una muy cuestionada mesa directiva y la lucha infructuosa contra la violencia y el avance de las economías criminales, especialmente asociadas a la minería ilegal.
Deterioro de la seguridad jurídica
La vulneración de la seguridad jurídica está asociada con la incapacidad del Estado de hacer cumplir la ley, la aprobación de normas de cuestionada constitucionalidad, el accionar unilateral y prepotente de autoridades (especialmente municipales) que incumplen con los contratos suscritos, y la politización de la administración de la justicia. Todo lo anterior, frente a un Ejecutivo blando y que no ejerce plenamente sus funciones, dejando amplio espacio a la improvisación y sin capacidad de ejecutar políticas que frenen el deterioro institucional, desincentiva la entrada de nuevos proyectos de inversión que ahora son mucho más reacios en apostar capital en Perú.
Problemas en la gestión legislativa
La mayor crítica a la elección de la nueva mesa directiva es que ahora resulta normal elegir personajes cuestionados para dirigir un poder del Estado que hoy se constituye como el centro de gravedad para la toma de decisiones, sin contrapesos efectivos. La gestión del saliente presidente del Legislativo careció de transparencia y permitió la aprobación de leyes perniciosas para nuestro desarrollo y el bien colectivo. El mercantilismo y la negociación de intereses individuales han sido la norma de la legislatura que culmina funciones, y todo parece indicar que esta tónica continuará. Peor aún, la minería ilegal tendrá representación política en la conducción del Parlamento.
Impacto de la inseguridad en el desarrollo
Además, uno de los flagelos más graves es el avance de la inseguridad, que impone un impuesto a la realización de emprendimientos de todo tipo ante el repunte de la extorsión. Poco efectivo se hace al respecto. Sin seguridad, el desarrollo será imposible.
Lee aquí el informe completo publicado en Diario Gestión:
