Por Luis Miguel Castilla
Lo más destacable del excesivamente largo discurso de la presidenta Dina Boluarte por el 28 de julio fue la clara apuesta por intentar cerrar la brecha de infraestructura en el país. La brecha es enorme y calculada en alrededor de S/360.000 millones, según la OCDE, y el ritmo de avance del Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad ha sido lentísimo. De hecho, los dos últimos pedidos de facultades legislativas que el Ejecutivo obtuvo del Congreso incluirían cambios normativos para agilizar la inversión pública y privada, intentando mejorar las distintas modalidades de ejecución de la inversión.
Creación de la ANIN y la propuesta de un nuevo Ministerio de Infraestructura
La principal medida institucional del año pasado fue la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), como reemplazo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, asumiendo además nuevas funciones en materia de proyectos de inversión pública de gran envergadura. No habiendo entrado el ANIN en operaciones siquiera un año y sin resultados que mostrar, se anuncia la creación de un nuevo ministerio de Infraestructura. Este modelo ha funcionado en diversos países y ha logrado consolidar los esfuerzos públicos para tener un manejo adecuado de todo el ciclo de los proyectos: formulación y programación, ejecución, operación y mantenimiento, y evaluación.
Sin embargo, en nuestro país su aplicación tendría que encarar diversos riesgos, a saber:
- Al absorber las principales unidades ejecutoras del Estado (pero no todas), ¿cómo quedarían los ministerios cercenados (MTC, Vivienda, Agricultura, etc.)? ¿Cuál es la pérdida de especialización al fusionar diversos sectores y con proyectos de distinta naturaleza (caminos nacionales de Provías Nacional y pequeños proyectos sociales de Foncodes; o productivos de Fondepes)?
- ¿Cómo compatibilizar las funciones del nuevo ministerio con el sistema administrativo de inversión pública que es rector en la materia? Es preciso recordar que el sistema de administración financiera del sector público que maneja el MEF involucra otros sistemas administrativos, como presupuesto público y abastecimiento, que deben operar de manera sistémica. Una de las recomendaciones de la OCDE es lograr una integración intersistémica que abarque todos los sistemas administrativos con competencia sobre el gasto público.
- ¿Cómo blindar al nuevo ministerio de la voracidad fiscal del Congreso y las demandas adicionales de los gobiernos subnacionales? No hay garantía tampoco que se logre blindar a la tecnocracia de la debilidad política que caracteriza al gobierno actual, que cede a presiones y subordina el manejo técnico a los designios políticos.
Riesgos y desafíos en la implementación de la reforma
La implementación de una reforma de esta naturaleza implica mitigar estos riesgos para que no sea una promesa más sin efectividad ni impacto. El mayor riesgo es su uso clientelar y al final terminemos desvistiendo varios santos por intentar vestir a otro.
