Por Luis Miguel Castilla
Este Gobierno no tiene un claro compromiso con la disciplina fiscal y el buen manejo de las cuentas públicas. No solo ha claudicado a defender sus fueros ante la arremetida legislativa de aprobar leyes con iniciativa de gasto, sino que promete intervenciones públicas sin pasar por el riguroso análisis de verificar su costo y su capacidad de encararlo. Una evaluación del discurso presidencial por Fiestas Patrias muestra que hay promesas por más de S/ 18.000 millones (o 1.8% del PBI) que no tienen cobertura en el presupuesto actual y que tendrían que ser incorporadas en el presupuesto que el Ejecutivo plantee al Congreso antes de fin de mes. Este aumento no se condice con la austeridad fiscal prometida por el titular del MEF, tema que fue omitido por la presidenta Boluarte en su alocución. De hecho, la mayoría de presidentes tiende a mencionar, siquiera en los márgenes de sus discursos, su intención de respetar las reglas fiscales (topes al déficit fiscal), cuestión que fue ignorada por la mandataria a diferencia del año pasado cuando se comprometió a respetar esas reglas (y que finalmente incumplió como bien es sabido).
Impacto en la percepción de riesgo y el financiamiento
El problema de estos excesos presidenciales es que confirman el escaso compromiso con el equilibrio presupuestario, afectando adversamente la percepción de riesgo de las agencias calificadoras que monitorean el manejo fiscal para determinar si realizan una rebaja adicional del rating soberano con el riesgo de aumentar el costo del financiamiento para el Gobierno y para las empresas privadas que se fondean en el exterior para financiar sus proyectos de inversión. Adicionalmente, alimentan la voracidad de los políticos por gastar sin considerar que tenemos una restricción presupuestaria. Peor aún, incentivan a los magistrados del Tribunal Constitucional a seguir emitiendo sentencias que vulneran el artículo 74 de la carta magna que prohíbe la iniciativa de gasto del Legislativo al interpretar que la prohibición solo abarca al año fiscal en curso y no a los años venideros. Esto abre la compuerta a que el Tribunal decida que por el bien del país sería oportuno duplicar la pensión mínima o las remuneraciones de los trabajadores de la salud pública o de los docentes universitarios. Este riesgo es perverso al minar seriamente un pilar básico del manejo fiscal que es el respeto al equilibrio presupuestario. Ya en el pasado hemos sufrido las consecuencias de un manejo desordenado de nuestras cuentas públicas.
Consecuencias en el sector de infraestructura
Otra afectación de esta lluvia de millones es que alimenta la voracidad de contratistas que ven posibilidades de lucrar en obras con presupuestos millonarios sin necesariamente importar si se cierran las brechas de infraestructura o se atienden las necesidades básicas insatisfechas de millones de peruanos. Evidencia de ello son las obras paralizadas y sobrevaloradas que abundan. Lo peor es que la ciudadanía se entusiasma por servicios que legítimamente requiere, pero puede verse defraudada por promesas que son difíciles de cumplir.
Lee aquí su columna publicada en El Comercio:
