Por Luis Miguel Castilla

El impacto positivo de la minería en el desarrollo del país se ha venido debilitando en el caso específico de la pequeña minería y minería artesanal, debido a su desarrollo desordenado, su asociación con la informalidad e ilegalidad, y los impactos ambientales negativos que ha generado. Al igual que en los casos de la gran y mediana minería, la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) no ha sido ajena al boom minero que vivió el Perú producto del incremento del precio de los metales. Ello propició que se originen zonas de convivencia y competencia entre los distintos tipos de minería e incentivó la expansión desordenada de la MAPE en el país. 

Crecimiento desordenado y dinámicas ilícitas en la minería no formal

Este crecimiento desordenado y su asociación con la informalidad e ilegalidad ha generado que la minería no formal se convierta en una actividad que genera más dinero ilícito (incluso más que el narcotráfico). El Estado peruano ha tratado de regular la MAPE a través de instrumentos normativos, organización y procedimientos; sin embargo, no ha podido transformarla en una actividad formal, productiva y sostenible. Por el contrario, se ha generado un ambiente propicio para el incremento de actividades ilegales que se disfrazan de informales durante el proceso de formalización emprendido. 

Deficiencias en la rectoría y la regulación de la formalización minera

Una de las principales críticas al proceso de formalización minera es la débil rectoría o ausencia de una entidad encargada de liderar dicho proceso. Si bien la normativa vigente dispone que el Minem sea el ente rector del proceso de formalización minera integral, dicho proceso es ejecutado por cada gobierno regional, sin mecanismos de fiscalización sobre sus resultados y dejando al Minem la labor de actualizar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) de acuerdo con la información otorgada por los gobiernos regionales.

Problemas de trazabilidad y fiscalización en el proceso de formalización

Otra crítica importante es la falta de trazabilidad, la interoperabilidad de la información y de los procesos entre las distintas entidades involucradas, y la deficiente fiscalización que existe para asegurar que mineros ilegales, encubiertos de informales bajo el manto del Reinfo, puedan limitar sus actividades. Por último, se ha desvirtuado el carácter excepcional del proceso y problemas de gestión de las instituciones involucradas. 

Desafíos y necesidades para la nueva ley de formalización de la MAPE

Estos aspectos deberán ser encarados por la nueva ley de formalización de la MAPE. Una mera extensión de la vigencia del Reinfo o cambios menores en las competencias de las autoridades a cargo de este proceso no sirven. Probablemente esta sea la principal ley que se vaya a discutir durante la presente legislatura. Mucho está en juego y la pelota está en la cancha del Congreso de la República. 

Lee aquí su columna publicada en El Comercio: