Por Luis Miguel Castilla
Revertir el empobrecimiento de las ciudades debería ser la principal prioridad del Gobierno y de aquellos que postularán a cargos de elección popular en los próximos 18 meses. El principal legado de la pandemia ha sido la precarización laboral y el aumento desproporcionado de la pobreza urbana. Solo en Lima Metropolitana, el número de pobres se ha duplicado en los últimos años, situación que se torna patente ante el colapso en la provisión de servicios básicos y el repunte de la criminalidad que afecta a todos.
Desafíos de las transferencias monetarias
El problema delicado es que la receta conocida no es tan efectiva para lidiar con la pobreza urbana: la experiencia pasada ha estado dirigida a diseñar programas de transferencias monetarias en el ámbito rural. La herramienta más efectiva ha sido el programa Juntos, que otorga transferencias a los más pobres para cambiar comportamientos. Vale decir que los pagos que otorga el Estado están sujetos a que se cumplan requisitos mínimos, como controles de las madres gestantes, mediciones de crecimiento y desarrollo de los niños, entre otros. Las evaluaciones realizadas confirman que este tipo de intervenciones focalizadas efectivamente lograron mejorar indicadores de capital humano y redujeron la pobreza rural.
Efectividad y limitaciones en la pandemia
Cuando fue la pandemia, se intentó universalizar la cobertura y se relajaron los controles previstos. Los bonos otorgados fueron la única opción disponible para llegar a la población en situación de emergencia al no poder trabajar por el confinamiento. La evidencia no es contundente respecto a la efectividad de este tipo de intervención, pero la criticidad de la situación probablemente no dejaba otras alternativas.
Riesgos de programas de transferencias indiscriminadas
El problema está en que la pobreza urbana se ha disparado y no es posible continuar con programas de transferencias indiscriminadas. No hay presupuesto público que las pueda sostener y ese tipo de intervenciones es más proclive al uso clientelar por parte de las autoridades de turno. Si bien el Midis está intentando diseñar un programa Juntos Urbano, enfocado en objetivos como reinserción laboral, entre otros, lo cierto es que estamos ante una situación en la que la política pública no ha sido diseñada aún y los riesgos no son menores. El foco de intervención ya no serían los distritos de pobreza extrema rurales, sino en pobreza (incluidas las zonas urbanas), lo que hace la tarea muy compleja, tanto financieramente como para evitar su uso político.
La necesidad de generar empleo y mejorar servicios
Evidentemente, la generación de empleo es la clave y esto a su vez depende de que el sector privado pueda crecer a tasas más elevadas. Además, el cierre de brechas de servicios básicos se torna mucho más urgente por la escala de la población que carece de estos servicios. El problema es que esta urgencia no tiene una cabal respuesta por el sector público, ineficiente y poco transparente en su accionar. Esta situación demanda acciones urgentes para evitar un desenlace que podría resultar muy desestabilizador para el país, en todo sentido, especialmente el político.
Lee el informe completo de Videnza Instituto publicado en Gestión:
