Por Luis Miguel Castilla
La evolución de la inversión privada es la variable crítica que determinará la creación de empleo formal y la sostenibilidad de la recuperación económica. Este año finalmente la inversión privada crecerá luego de dos años de contracción, aunque esa expansión recién se registrará en el segundo semestre del año (dado que en el primer semestre hubo crecimiento nulo). Son múltiples los sectores que se beneficiarán de la ejecución de proyectos de inversión, desde la infraestructura (puertos y aeropuertos) y la energía renovable hasta la minería y la agroindustria. A lo anterior se suma un entorno externo muy positivo, con términos de intercambio muy favorables y una reducción de las tasas de interés (entorno que no está exento de riesgos geopolíticos).
Desafíos políticos e institucionales para el crecimiento
Nuestro país podría crecer a un mayor ritmo si no fuese por las limitaciones políticas e institucionales y por el periodo de mayor aversión al riesgo que ocurre cada vez que entramos en ciclo electoral. Probablemente tendremos una ventana de oportunidades durante los próximos meses, antes de que la incertidumbre política comience a pasar factura con la paralización o postergación de decisiones de gasto de hogares y empresas. Si tuviésemos un ciclo electoral medianamente previsible de alternancia en el poder, con gobiernos sensatos y manejo tecnocrático y respeto de las reglas mínimas del juego (especialmente seguridad jurídica y respeto al estado de derecho), no tendría por qué haber la típica frenada económica. Las oportunidades son enormes y los fundamentos macroeconómicos son aún muy sólidos; incluso el marco institucional económico consagrado en la Constitución le da una mayor resiliencia a la economía que en otros países de la región. Esto debiera poder aprovecharse, lo que aceleraría la mejora en las condiciones de vida de la población.
Retos inmediatos para una recuperación sostenible
Pero, para poder pensar en una recuperación más vigorosa, las autoridades tienen que lidiar con los principales problemas que afligen a la ciudadanía en el corto plazo, empezando por encarar el desborde de la delincuencia y la extorsión. Esto exige mayor diligencia y proactividad del Ejecutivo y de un Congreso que no dé cabida a los intereses de grupos asociados con la inseguridad, como la minería ilegal o los transportistas informales. También exige autoridades regionales y locales que sintonicen con el cierre de brechas en las ciudades del país y no pongan en riesgo a vastos segmentos de la población ante los embates de la naturaleza o el cambio climático, como se aprecia con la crisis hídrica desatada por la sequía en el norte del país. Un factor clave es que tengamos un sistema de administración de la justicia que actúe con proporcionalidad y apego a la ley. Son estos factores los que no permiten una plena recuperación de las expectativas empresariales hoy y que limitan aprovechar de mayor manera las oportunidades que tenemos antes de la parálisis electoral que lamentablemente sufriremos en los próximos meses.
Mira aquí su conversación en Gestión:
