Por Luis Miguel Castilla
Múltiples proyectos de ley se han presentado en el Congreso de la República solicitando una nueva prórroga del Reinfo. A la par, el Gobierno ha presentado una iniciativa legal que intenta formalizar la minería artesanal y la de pequeña escala (ley MAPE). Esto ocurre en medio de una de las peores crisis de inseguridad ciudadana en el país, siendo una de las fuentes de violencia la proliferación de la minería ilegal, especialmente aurífera, en diversas zonas del país. Si bien la atención pública ha estado en la provincia de Pataz, en La Libertad, esta actividad se está extendiendo a lo largo y ancho del país, desde Piura hasta Puno y Madre de Dios.
Fracaso del Reinfo y su uso como escudo para actividades ilícitas
Como bien es sabido, el intento de formalizar la MAPE ha fracasado estrepitosamente al haberse desvirtuado completamente el Reinfo y ser utilizado como escudo de impunidad para actividades ilícitas que mueven hoy tantos recursos como el narcotráfico. Tras años de vigencia del Reinfo, solo el 2% de las empresas inscritas en el registro han logrado formalizarse, y el 74% de registros se encuentran suspendidos por incumplimiento de los requisitos exigidos para la formalización. Aun así, algunos congresistas vinculados a grupos ilegales promueven ampliar el Reinfo sin rubor alguno ante las contundentes pruebas de su mala utilización, supuestamente temporal, pero que ya lleva 12 años de vigencia desde su creación como un registro excepcional y temporal. Es evidente que se mueven muchos recursos opacos y móviles subalternos para perpetuar este esquema.
La necesidad de un cambio hacia una formalización efectiva
No hay ninguna justificación para continuar con este fallido esquema. En su lugar, resulta necesario adoptar medidas que apunten a una formalización eficaz de miles de mineros de pequeña escala. Contrario a la ampliación y reapertura del Reinfo, veamos algunos puntos en los que se debería trabajar. Primero, entre los inscritos se debe diferenciar y depurar al pequeño minero y minero artesanal del minero ilegal. Segundo, establecer plazos perentorios y por etapas para el proceso de formalización. Tercero, diseñar incentivos presupuestarios y legales que motiven a los Gobiernos Regionales a completar el proceso de formalización de la MAPE. Y cuarto, implementar un sistema que permita lograr trazabilidad de la actividad minera, fortalecer la fiscalización y generar una plataforma interoperable para alertar a las instituciones cuando el mineral llega a las plantas de beneficio. Estas características permitirían una formalización más eficaz.
Urge frenar actividades ilegales y fortalecer la justicia
Sin embargo, no podemos dejar de luchar contra actividades que violan la ley con impunidad, causan daños ambientales atroces y ponen en vilo la seguridad de millones de peruanos. Esto involucra lograr mayor efectividad de las fuerzas del orden y de la administración de la justicia. El Estado está siendo incapaz de frenar el avance de economías criminales, y el Congreso se está convirtiendo en un cómplice de esta nefasta actividad. Este es un tema urgente en el que no cabe la indiferencia.
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