Por Luis Miguel Castilla
El reconocido economista peruano Norman Loayza, del Banco Mundial, acaba de lanzar en CADE un nuevo índice que mide la facilidad de hacer negocios en 50 países, incluido el Perú, llamado “Business Ready” o “B-Ready”, en reemplazo del anterior índice “Doing Business”, que por años sirvió para motivar reformas microeconómicas en el mundo. Se mantiene la idea de cuantificar los costos que enfrenta una empresa mediana tipo desde que nace hasta su cierre, pasando por la facilidad de pagar impuestos, realizar comercio transfronterizo, atravesar un proceso concursal u obtener financiamiento. Justo antes de la pandemia se realizó un ejercicio enfocado en los gobiernos locales de nuestro país, estudio que pasó desapercibido por la crisis global de aquel momento.
Discrecionalidad en el cobro de tasas en Lima Metropolitana
En el espíritu de ambos esfuerzos, y dada la enorme carga que representan los trámites a nivel subnacional, hemos intentado en Videnza ilustrar el grado de discrecionalidad que ejercen los distritos de Lima en el cobro de las tasas por otorgar licencias de funcionamiento para establecimientos comerciales. Esto se hizo comparando el texto único de procedimientos administrativos (TUPA) modelo para licencias de funcionamiento (aprobado por PCM con la metodología de costos del MEF) con los TUPA de cada distrito, con la finalidad de saber si están estandarizados y si las tasas cobradas son similares entre los 42 municipios limeños. Encontramos que hay un buen grado de estandarización metodológica, pero una elevada variabilidad en las tasas cobradas, sin justificación técnica alguna. Encontramos inconsistencias, como que en San Isidro, el distrito más rico del Perú, se cobra una tasa que es la mitad de la que cobra San Juan de Lurigancho, por ejemplo.
La falta de fiscalización como barrera para la competitividad
El punto clave es que existe una gran discrecionalidad y cobros indebidos que realizan ciertos gobiernos locales, lo que resta competitividad al entorno para hacer negocios. No se ejerce una fiscalización adecuada, y la entidad creada para eliminar barreras burocráticas, el Indecopi, carece de los recursos necesarios y , sino como respuesta ante denuncias de algún “administrado”. Sin embargo, la tasa de denuncias es bajísima ante el temor de que se impongan represalias.
La urgencia de simplificar los trámites administrativos locales
Mejorar el entorno de negocios y facilitar la creación de empleo no requiere necesariamente grandes reformas o la generación de grandes consensos. Si se parte del ámbito local, demanda voluntad política y una mínima capacidad de fiscalización para que este tipo de trámites reflejen el costo real del servicio prestado y no una manera de maximizar ingresos propios. El objetivo de la simplificación administrativa es urgente para evitar que una pesada carga termine asfixiando la actividad empresarial. Se debe exigir una mayor rendición de cuentas a las autoridades ediles. Para ello, urge un seguimiento continuo para informar de estos excesos y exigir medidas correctivas. Esto debe hacerse extensivo a todo tipo de costo de transacción.
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