Por Luis Miguel Castilla
Por enésima vez, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anuncia un shock desregulador para acelerar el crecimiento de la inversión privada. Obviamente, el anuncio es bienvenido; sin embargo, cuando ya estamos por el tercer intento de simplificación administrativa (dos delegaciones de facultades legislativas) e iniciativas que aún no están teniendo los efectos esperados (ventanilla única digital para el sector minero), quizá lo más recomendable es implementar lo aprobado para que el anuncio no caiga en saco roto.
La asfixia regulatoria y sus desafíos
Es evidente que tenemos una asfixia regulatoria que mantiene elevados los costos de transacción para todo tipo de inversión o emprendimiento y urge simplificarlos, pero el problema pareciera radicar en la aplicación de las normas vigentes o en los desincentivos que enfrentan los funcionarios a cargo de otorgar permisos, licencias o aprobar instrumentos ambientales, entre otros, de manera oportuna y así cumplir con los plazos legales establecidos. Esto demanda mayor voluntad política para que la administración pública, en los tres niveles de Gobierno, reaccione con mayor velocidad y sentido de urgencia.
Barreras normativas no resueltas y su impacto
Dos barreras que no se resuelven normativamente tienen que ver con la discrecionalidad mal entendida que ejercen municipios a cargo de diversos trámites, que no cumplen los plazos legales y que muchas veces terminan extorsionando por cupos a los “administrados”. Este es un fenómeno que se ha desbocado y una norma simplificada no resuelve. Quizá una mayor digitalización podría ayudar, así como un mayor alcance del plan de incentivos municipales del MEF, que otorga premios a los municipios que se esfuerzan por mejorar su gestión.
La parálisis decisional y la cultura punitiva
La otra tiene que ver con la penalización que ejerce muchas veces la Contraloría y que paraliza la toma de decisiones. Los abusos que se desprenden de auditorías deficientes y la cultura punitiva y sancionatoria de la Contraloría son responsables de la parálisis en la toma de decisiones. Si a esto sumamos que, a medida que se acerquen las elecciones, habrá mayor incentivo para que los funcionarios opten por “patear” decisiones para el próximo gobierno para evitar asumir responsabilidad.
Soluciones estructurales más allá de la normativa
Ninguno de estos temas se resuelve con normas, sino con un servicio civil meritocrático y estable y un liderazgo eficaz. La alta tasa de rotación de funcionarios tampoco ayuda a que haya continuidad en la aplicación de políticas públicas. Por ello, el shock desregulador, para que efectivamente funcione, tiene que abordar estos temas que van más allá de aprobar normas. Esto no quiere decir que no haya un exceso de normas y que una buena purga no sea bienvenida, así como la adecuada aplicación de estándares de calidad regulatoria.
La necesidad de una agenda integral para el crecimiento
Todo esto constituye una agenda importante para volver a tiempos de mayor crecimiento de la inversión privada. El Consejo Nacional de Competitividad y las mesas ejecutivas del MEF son buenos instrumentos, pero tienen que ser complementados por acciones más eficaces en los rubros mencionados.
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