Por Luis Miguel Castilla
El crecimiento económico potencial de nuestro país se ve afectado por un menor aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales ante el avance de economías delincuenciales asociadas a la minería ilegal, entre otros. Esto se ve claramente reflejado por la reducción en los flujos de inversión minera en la última década, al pasar de US$ 9.000 millones en 2013 a US$ 5.000 millones en 2024. En contraste, la minería ilegal aurífera ha ido avanzando exponencialmente, alcanzando movilizar recursos por más de US$ 4.000 millones y propiciando pérdidas económicas que alcanzan el 2.5% del PBI, lo que equivale al 50% del gasto de inversión pública que se ejecuta en un año y a una quinta parte de la recaudación tributaria anual. Este dimensionamiento es un piso al no considerar del todo las externalidades negativas asociadas a la inseguridad ciudadana, la depredación ambiental y el riesgo de invertir en un país crecientemente dominado por mafias y crimen organizado con representación política.
Regulación excesiva y pérdida de competitividad en la minería formal
La minería formal está sujeta a toda la fiscalización social y ambiental que corresponde a los estándares internacionales a los que, como país, nos hemos comprometido. Sin embargo, se ha generado una excesiva carga regulatoria que está minando la competitividad del Perú como plaza de inversión. Los anuncios de simplificación administrativa aún no se materializan, pese a los compromisos retóricos que las autoridades transmiten en los foros empresariales. Peor aún, la conflictividad social, aupada por movimientos políticos antiextractivistas, apela a la falta de impacto de la renta minera en las poblaciones rurales del país, que siguen postradas sin servicios públicos mínimos de calidad.
Crecimiento de las economías ilegales y su impacto en el Estado
Toda esta problemática continúa a la par que avanzan las economías ilegales, que responden a claros incentivos económicos derivados de los elevados precios del oro y a un entorno permisivo ante la captura de autoridades locales, policiales, jueces y fiscales por malos elementos. El fracaso del proceso de formalización minera por el pervertido Reinfo ha dado cabida a mineros ilegales que se mezclan con pequeños mineros artesanales bajo un escudo de impunidad.
Retos en la discusión de la nueva ley MAPE
Ahora que se está discutiendo la nueva ley MAPE, se deben encarar temas de fondo, como la competencia que tienen los gobiernos regionales en materia de fiscalización y qué hacer con los mineros no formales que operan en concesiones de terceros. El respeto a los derechos de propiedad es una parte crucial de nuestro modelo económico, y la discusión sobre los derechos y obligaciones de los pequeños mineros debe darse en el Congreso de la República de manera equilibrada y respetando el orden constitucional. Evidentemente, una estrategia integral que permita discernir el pequeño del ilegal es crucial para no afectar el modo de vida de cientos de miles de peruanos. Tarea nada fácil con tanto interés económico de por medio.
