Por Luis Miguel Castilla
Las Asociaciones Público-Privadas (APP) están siendo agresivamente impulsadas por el actual ministro del MEF. Se propone empoderar más a Proinversión, dándole la rectoría en materia de participación privada en proyectos de infraestructura, desde la formulación hasta la ejecución contractual de esos proyectos. La exitosa gestión del ministro Salardi en Proinversión, cuando se volvieron a adjudicar importantes APP por más de US$ 8.000 millones en 2024 y más de S/ 4.000 millones en obras por impuestos (OxI), se quiere hacer extensiva a más proyectos que se hacen hoy como obra pública. En los últimos años, la modalidad de gobierno a gobierno (G2G) ha sido vista como la alternativa más atractiva para ejecutar obras emblemáticas, inspiradas por la única experiencia exitosa de G2G, que fueron los Juegos Panamericanos de 2019. A la fecha, hay más de S/ 70.000 millones comprometidos bajo este esquema.
Limitaciones del modelo de gobierno a gobierno (G2G)
Considerar a los G2G como la solución para acelerar el cierre de las brechas de infraestructura en nuestro país sería un craso error, porque dejan de lado la modalidad de APP, que es claramente superior, pese a los problemas que algunos proyectos tuvieron en el pasado y que son extensivos a la obra pública también (saneamiento de predios, eliminación de interferencias, permisos ambientales oportunos, etc.). Por ejemplo, proyectos de riego como Chavimochic y Majes Siguas II, concebidos como APP, fueron caducados y reemplazados por esquemas G2G en los que interviene un gobierno “amigo”, prometiendo brindar mayores seguridades en caso surja algún tipo de controversia. Claro está, cobrando una comisión del valor del proyecto (usualmente del 5 %).
Riesgos financieros y de gestión en los proyectos G2G
Los dos principales problemas con esta opción son, por un lado, el riesgo de seguir sobrecargando al presupuesto público con una responsabilidad financiera que puede ser compartida con el sector privado a lo largo del tiempo y, por otro, que, una vez terminada la obra G2G, la operación y mantenimiento de esa infraestructura pasan a manos del sector público y no a la administración privada, que es claramente más eficiente que la gestión estatal.
Casos emblemáticos de sobrecostos y retrasos
Varios proyectos G2G corren el riesgo de enfrentar problemas relacionados con la sostenibilidad de la infraestructura construida, pues no se definió claramente su uso posterior. Proyectos como el Aeropuerto Internacional de Chinchero enfrentan retrasos y sobrecostos asociados a ellos. Según el MEF, desde la fecha del contrato G2G de Chinchero, en octubre de 2019, hay un avance financiero del 45,2 % y un 30 % de incremento respecto al presupuesto referencial inicial. En cuanto al Hospital Antonio Lorena de Cusco, hay un 400 % de incremento respecto al presupuesto inicial y un 209 % de incremento previo al contrato G2G firmado en junio de 2020. Estos casos ilustran los problemas asociados a este mecanismo.
La necesidad de priorizar las APP sobre los G2G
El esquema G2G debiera ser la excepción y no la norma para realizar proyectos emblemáticos. En tanto mejora la contratación pública, las APP son una mejor alternativa que los G2G.
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