Por Luis Miguel Castilla
Con cerca de 500 homicidios en lo que va del año, la crisis delincuencial que atraviesa el país es el principal problema que enfrentamos. Esta afecta a todos los peruanos sin distinción; sin embargo, el Gobierno no ha podido lidiar con este flagelo. Ahora, la atención se centra en la continuidad del actual ministro del Interior por su deficiente gestión y la persistencia en dictar medidas que han probado ser ineficaces. La declaratoria de estados de emergencia o el endurecimiento de penas, como la inconstitucional intención de introducir la pena de muerte, se presentan como la panacea sin ninguna garantía de que funcionen.
Mala gestión de recursos en el Ministerio del Interior
La ineficacia para lidiar con la inseguridad ciudadana viene incubándose desde hace mucho tiempo y tiene diversas causas. Una de ellas tiene que ver con la deficiente gestión de la cartera del Interior en el manejo de los recursos públicos.
Obras paralizadas y sobrecostos en seguridad
Según el índice de eficiencia de la inversión pública del Gobierno Nacional de Videnza Instituto, al 31 de diciembre de 2024, el Ministerio del Interior registra obras paralizadas por alrededor de S/1,000 millones (comparado con S/200 millones al cierre del 2023), es decir, más del 60% del total de obras del sector. Estas incluyen institutos de formación policial, equipamiento de comisarías, proyectos de contención de motines, entre otros. Además, se registran casi cuatro años de retrasos en promedio y un 60% de sobrecostos cuando se comparan los montos de los proyectos al ser declarados viables y el cierre al 2024. Solo el 25% de los proyectos logran ser liquidados.
Desinstitucionalización y crisis en la administración pública
Todos estos indicadores ubican al Ministerio del Interior como la cartera con el peor manejo de la inversión pública del Ejecutivo, situación que se viene arrastrando desde hace años y que coincide con la desinstitucionalización de la administración pública. Esta se evidencia por la elevadísima tasa de rotación de autoridades y la ausencia de un plan integral que convoque a todos los actores relevantes para lidiar con este flagelo. Esta situación se agudiza por la penetración del crimen transnacional, el avance de economías criminales y los vacíos dejados por autoridades más ocupadas en velar por sus fueros y no por el bien colectivo. Peor aún, la crisis de la administración de justicia y las fricciones entre los poderes del Estado no ayudan en absoluto.
Estados de emergencia: una medida ineficaz y contraproducente
Las declaratorias de emergencia no han funcionado y traen efectos colaterales adversos (ahuyentan el turismo y desalientan las inversiones). Además, existe evidencia que muestra que los estados de emergencia introducen desequilibrios en el balance de recursos policiales, propiciando pocas ganancias en términos de reducción del crimen y nuevas oportunidades delictivas en zonas no intervenidas por los estados de emergencia. Sin una estrategia clara que determine el alcance de la participación de las Fuerzas Armadas y qué hacer cuando culmine el régimen excepcional, el estado de emergencia parece ser una medida efectista sin ninguna garantía de efectividad.
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