Por Luis Miguel Castilla
Todo indica que el Gobierno prorrogará la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre, en plena recta final hacia las elecciones generales. El avance hacia una fórmula legal que permita una mayor formalización de la minería artesanal y la pequeña minería (MAPE) ha sido casi nulo. No se discute qué hacer con la superposición de la propiedad, habida cuenta de que el 95% de inscritos en el Reinfo opera en concesiones mineras de terceros formales. La falta de mecanismos de trazabilidad del oro tampoco permite viabilizar opciones de eventuales “compradores”, con lo que propuestas como las de la Presidencia del Consejo de Ministros, de que el Banco de la Nación venda oro incautado, únicamente propiciarían el eventual blanqueo de oro ilegal.
Inacción legislativa ante el problema estructural de la minería no formal
Cerró la legislatura y el Congreso no mostró voluntad de abordar con seriedad el flagelo de la minería no formal. Está más interesado en captar los votos que estarían en juego. Lo crucial es entender los móviles que enfrentan entre 300,000 y 500,000 peruanos que habitan en las zonas de influencia de la minería informal y, crecientemente, ilegal. Un aspecto crucial es reconocer que la brecha de ingresos entre la minería formal y la informal se está achicando en función del incremento exponencial en el precio del oro. En 2024, la media de los ingresos de los trabajadores mineros informales fue de S/ 2,227, y la de los formales, de S/ 3,956. Hace diez años, era S/ 1,414 y S/ 3,177, respectivamente. Es decir, la brecha entre ambos se acortó en una cuarta parte. Este crecimiento relativo del sector informal frente al formal ha estado estrechamente vinculado al aumento sostenido en la cotización del oro. Es así como en 2025, según estimados propios, el ingreso promedio del trabajador informal podría superar los S/ 3,148.
Formalizar sin incentivos reales no es una opción viable
La decisión racional que enfrenta un minero informal para someterse a un proceso de formalización pasa por un ejercicio de costo-beneficio. Queda claro que los ingresos cada vez mayores no pueden ser compensados, ni de cerca, por menores costos de la formalización y, peor aún, cuando la mera existencia del Reinfo representa una carta blanca para poder operar sin cumplir con los requisitos que la formalidad exige.
Una nueva ley MAPE con enfoque integral y sostenible
La nueva ley MAPE debe brindar incentivos reales y sostenibles. Entre ellos, la seguridad jurídica que permita a estos actores operar con previsibilidad, estabilidad y acceso a mecanismos formales de financiamiento, comercialización y asistencia técnica, para generar fuentes alternativas de ingresos. Y, a la par, contar con servicios públicos de calidad que atiendan sus elevados y persistentes niveles de vulnerabilidad. Un Estado presente y eficaz en las zonas mineras auríferas es una condición necesaria para que un proceso de formalización haga sentido y perdure en el tiempo.
Conoce el análisis completo en el informe de Videnza Instituto, publicado en Gestión:
