Por Cristián Segovia
Ante el fracaso del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), con solo 2.3% de registros formalizados y más del 70% suspendido entre 2017 y junio de 2025, el Ejecutivo convocó una mesa de trabajo de 60 días para consensuar una nueva ley. El predictamen de la Ley MAPE fue rechazado por centrarse únicamente en una vía extraordinaria y por proponer el Registro Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Renapma), que replicaba fallas del Reinfo: sin plazos ni fiscalización, excluyendo a personas naturales y debilitando derechos del concesionario. Además, reintroducía la exención penal por minería ilegal. Desde Videnza Instituto planteamos priorizar la vía ordinaria, a cargo de los Gobiernos regionales, con fiscalización desde el inicio por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), además de un sistema de trazabilidad que impida encubrir oro ilegal como informal. El país necesita una ley que promueva la formalización y combata las malas prácticas, con enfoque técnico y no político.
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