Por Luis Miguel Castilla
Uno de los principales problemas del Perú es el avance de la minería ilegal, alimentado por el fracaso del proceso de formalización minera y el mal diseño del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), que se ha convertido en una licencia indefinida para operar en la informalidad. Pese a que más de 80,000 mineros se inscribieron, solo el 2% se formalizó, y sucesivas prórrogas han desincentivado el cumplimiento de requisitos. La reciente exclusión de 10,067 mineros en Arequipa —mayormente en Caravelí, Condesuyos y Camaná— desató protestas que llevaron al Gobierno a instalar una mesa técnica con dirigentes de la Confemin. Sin embargo, las demandas de este gremio —como detener interdicciones y reincorporar a los excluidos— podrían agravar la informalidad si el Ejecutivo cede ante la presión. Urge que el Estado se mantenga firme, pues ceder sentaría un precedente peligroso y perpetuaría los impactos sociales, ambientales y de criminalidad asociados a la minería ilegal.
Lee aquí su columna publicada en Diario El Pueblo (Arequipa):
