Por Luis Miguel Castilla
El hecho de que uno de cada dos hogares en el Perú tenga acceso a agua potable todo el día muestra uno de los principales desafíos que deberá enfrentar quien aspire a gobernarnos. Esta situación no se condice con la enorme cantidad de recursos públicos asignados a este servicio básico ni con las prioridades (ni la eficacia) que los distintos gobiernos han tenido al respecto.
Deficiencias críticas en las EPS
Las 50 empresas prestadoras de agua y saneamiento (EPS) que operan en el ámbito urbano muestran una elevadísima deficiencia operativa: cerca del 37% del agua producida no se factura (pérdidas físicas y comerciales: fugas, conexiones ilegales, submedición). Además, se reporta tratamiento de aguas residuales de alrededor del 80% de lo recolectado, con cobertura desigual. En materia de inversión, se observó una ejecución del 39% en 2024 y una brecha de S/ 120 mil millones, según información del MEF.
Gobernanza fragmentada y captura política
Esta realidad responde a un conjunto de factores. En primer lugar, las EPS muestran una gobernanza fragmentada y muchas de estas empresas están sujetas a captura política. Las EPS pertenecen a municipalidades, con directorios sujetos a ciclos políticos; por su parte, la OTASS (organismo dependiente del Ministerio de Vivienda) interviene a EPS con desempeño crítico, pero el régimen de apoyo es temporal y no corrige los problemas de fondo.
Tarifas insuficientes y baja eficiencia comercial
Por otro lado, las tarifas no han cubierto los costos totales ni las renovaciones o mantenimientos necesarios. Si bien la Sunass ha acelerado estudios tarifarios (hoy las 50 EPS cuentan con estudios vigentes), la “señal económica” aún es insuficiente para cerrar la brecha y mantener los activos de estas empresas. Con elevadas tasas de pérdidas y baja micromedición, la mitad del problema corresponde a fugas y la otra mitad a errores comerciales (medidores envejecidos, subregistro, morosidad). Peor aún, pese a la asignación de importantes recursos, la ejecución física y financiera es baja debido a expedientes deficientes, sobrecostos y capacidades limitadas en municipalidades y EPS.
Reformas urgentes para transformar el servicio
La salida a esta dramática situación no es solo técnica, sino también institucional y financiera. Se requiere profesionalizar la gestión de las EPS vía APP o concesiones bien diseñadas; condicionar el financiamiento a resultados; y priorizar la micromedición y el mantenimiento. Además, es necesario mejorar la gobernanza con mayor coordinación entre MVCS, Sunass, gobiernos locales y EPS; reformar tarifas con criterios de sostenibilidad; y acelerar la digitalización del servicio. El problema del saneamiento urbano no es solo de infraestructura, sino también de gestión, financiamiento y prioridades. Actuar con decisión en estas líneas marcará la diferencia: o se transforma la forma en que se gestionan los servicios en las ciudades, o se seguirá invirtiendo en un sistema que gasta mucho, pierde más y no garantiza lo esencial: agua segura y continua para todos.
Acceda al reporte completo elaborado por Videnza Instituto en alianza con El Comercio:
