Por Luis Miguel Castilla
Ya empezó en el Congreso de la República la discusión de la Ley de Presupuesto Público para el próximo año. Esta ley es el principal instrumento de política pública que tiene el Gobierno para asignar recursos a sus prioridades políticas y financiar la operación del aparato estatal en los tres niveles de gobierno. Este proyecto de presupuesto, que será compartido con el gobierno entrante, deberá ser consistente con las reglas fiscales vigentes. A primera vista, hay que reconocer que el MEF está tratando de ser más responsable al plantear un crecimiento del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) relativamente modesto y no ha optado por modificar las reglas fiscales para acomodar mayor gasto, como inicialmente lo había planteado. Sin embargo, un análisis más detallado muestra ciertos problemas o faltas de consistencia.
Inconsistencias en el gasto corriente y reglas fiscales
Uno tiene que ver con el crecimiento del gasto corriente, especialmente el asociado a la planilla estatal y al pago de pensiones, que no se condice con la austeridad anunciada. Recordemos que las reglas fiscales no solo imponen topes al déficit fiscal y al endeudamiento como proporción del PBI, sino que establecen también crecimientos máximos al gasto no financiero del sector público y al gasto corriente. Lo establecido en el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo no asegura el cumplimiento de esta restricción legal. Probablemente, sabiendo que la rendición de cuentas corresponderá a las autoridades entrantes, en el MEF parece prevalecer una mirada cortoplacista con miras a llegar al 28 de julio de 2026 como sea y se estaría desentendiendo del manejo fiscal de mediano plazo, potencialmente mellando su credibilidad.
Rigidez presupuestal y riesgos de financiamiento
Más allá de estas consideraciones, el problema de permitir un gasto corriente acelerado es que vuelve al presupuesto más rígido de lo que ya es en la actualidad (más del 70% es gasto corriente), lo que limita el margen de maniobra de la próxima administración gubernamental, habida cuenta de la dificultad de recortar sueldos y pensiones por derechos laborales adquiridos. Además, disminuye el espacio para un gasto más productivo, como la inversión pública. Si se analizan las fuentes de financiamiento, los supuestos para sostener el presupuesto se basan en ingresos extraordinarios por contar con altos precios de los metales que producimos. El problema está en que no se puede financiar gasto permanente con ingresos que son volátiles y que pueden cambiar de darse shocks en la demanda externa, dejando desfinanciado el presupuesto y debiéndose tomar mayor endeudamiento.
Presiones legislativas y debilidad de contención fiscal
Por último, solo mirar al PIA no se condice con la práctica usual de años recientes, vale decir, la incorporación de disposiciones durante el debate legislativo que presionará más a las finanzas públicas. Solo el año pasado se incluyeron 100 disposiciones sin una capacidad de contención del MEF. Estas presiones clientelares continuarán en un año de reelección parlamentaria y un Gobierno de salida que le da poca importancia a la responsabilidad fiscal.
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