Por Luis Miguel Castilla
La errática posición del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) frente a temas álgidos y presiones políticas ha puesto en evidencia el debilitamiento de una de las instituciones que por años dio confianza al país. Este contraste se vuelve aún más inquietante si se lo compara con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que, pese al vendaval político, ha mantenido su independencia bajo el liderazgo de Julio Velarde, verdadero baluarte de la estabilidad macroeconómica durante las últimas dos décadas. Los últimos días se ha especulado respecto a la eventual salida de Velarde en el próximo gobierno; en este marco, vale preguntarse: ¿quién sostendrá las anclas de la economía peruana cuando el MEF luce vacilante y el BCR podría entrar en un ciclo de incertidumbre?
La tecnocracia estatal en retroceso
Uno de los saldos más preocupantes del actual gobierno es el progresivo debilitamiento de la tecnocracia estatal, en particular en el MEF, históricamente la contención técnica a los excesos de los políticos de turno. Por muchos años, el país logró construir una institucionalidad fiscal reconocida por su disciplina y previsibilidad, y el MEF era respetado y ejercía un rol disciplinador al interior del Ejecutivo y con otros poderes del Estado. Hoy, sin embargo, esa capacidad se ha deteriorado.
Responsabilidad compartida entre Ejecutivo y Congreso
La responsabilidad de ello es compartida. La presidencia de Dina Boluarte ha mostrado una actitud permisiva, tolerando la captura política de carteras clave y la salida de cuadros técnicos que daban consistencia al manejo económico. A la vez, el Congreso ha optado por una agenda marcadamente populista y mercantilista, aprobando medidas de gasto sin evaluar su sostenibilidad y perforando las fuentes de ingresos fiscales.
El rol del Tribunal Constitucional y las alertas internacionales
A ello se suma el papel del Tribunal Constitucional, que, con interpretaciones laxas sobre la iniciativa de gasto, ha terminado por socavar un principio de equilibrio elemental: que quien aprueba el gasto debe también responsabilizarse por su financiamiento. No sorprende, entonces, que Fitch Ratings alertara en abril de este año sobre “riesgos crecientes de debilitamiento institucional y erosión de las anclas fiscales que históricamente sostuvieron la confianza de los inversionistas”.
Consecuencias del deterioro institucional
El resultado es un ecosistema institucional frágil, donde el MEF ya no marca la pauta, sino que reacciona a presiones políticas. Y esto no es un asunto técnico menor: implica el riesgo de perder el grado de inversión, un mayor costo del endeudamiento soberano, restricciones a la inversión privada y menor capacidad del Estado para responder a emergencias sociales o económicas. En palabras del propio Consejo Fiscal, “los márgenes de acción se reducen y la credibilidad ganada durante dos décadas se encuentra en peligro”.
Una herencia riesgosa para el próximo gobierno
El legado de este ciclo político no es solo el debilitamiento del MEF, sino la erosión de la institucionalidad fiscal en su conjunto. Y ese deterioro deja al próximo gobierno una verdadera bomba de tiempo: un Estado con menos credibilidad, con cuentas fiscales más vulnerables y con un margen estrecho para enfrentar los desafíos del futuro inmediato.
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