Por Luis Miguel Castilla
La Cuenta General de la República (CGR) es uno de los instrumentos más importantes de control y rendición de cuentas del Estado. Su relevancia responde a un mandato constitucional (art. 81) que obliga al Poder Ejecutivo a presentarla y al Congreso de la República a revisarla y aprobarla hasta el 30 de octubre de cada año. El incumplimiento debería gatillar su aprobación automática mediante un decreto legislativo del Ejecutivo, como ocurre con el presupuesto anual cuando no se aprueba en plazo.
Herramienta clave para la transparencia fiscal
Su importancia radica en que detalla todos los ingresos y gastos del Estado, es decir, cómo se usaron los impuestos, endeudamientos, transferencias y demás recursos. Permite que el Congreso, la Contraloría y la ciudadanía supervisen el uso del dinero público e identifiquen pasivos contingentes (desde obligaciones previsionales o cuentas por pagar hasta sentencias judiciales contra el Estado). Sin ella, no existe un cierre formal y transparente de las cuentas fiscales de cada año. Además, debería ser la base para decisiones futuras: los datos que recoge sirven para planear el presupuesto de los años siguientes, detectar ineficiencias en el gasto y anticipar contingencias que puedan comprometer recursos, como los salvatajes a Petroperú.
Una década de omisión legislativa
Sin embargo, el Congreso no aprueba la CGR desde 2013 y los distintos gobiernos (sin mayoría legislativa) no han hecho de esto una cuestión de Estado. Ello constituye una omisión legislativa, es decir, un incumplimiento de un mandato expreso de la Constitución. Aunque el Tribunal Constitucional podría ser requerido para declarar inconstitucional la omisión y ordenar al Congreso cumplir con este deber, ello depende de la voluntad política del gobierno de turno de defender sus fueros. La falta de aprobación por más de una década refleja debilidad institucional y pérdida de autoridad del Gobierno.
Un obstáculo en el camino a la OCDE
En la semana en que altos directivos de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) visitan el país, esta negligencia resulta incomprensible. Se esconde tras tecnicismos de observaciones menores de la Contraloría que ya el MEF levantó. El proceso de adhesión del Perú a la OCDE exige cumplir estándares internacionales en gobernanza pública, transparencia fiscal, rendición de cuentas y control institucional. La omisión del Congreso golpea directamente ese camino. La OCDE exige sistemas de gestión pública sólidos, donde el Legislativo cumpla su rol de fiscalizar y aprobar las cuentas del Estado. No aprobar la CGR significa que el Perú carece de control parlamentario efectivo sobre el gasto y las contingencias fiscales, alejándose de los estándares de “buenas prácticas” que la organización demanda.
Un llamado urgente al Congreso
Urge que el Legislativo tome cartas en el asunto y cumpla la ley. No podemos permanecer pasivos ante el constante deterioro institucional que presenciamos. Sería como ser accionistas de una empresa y aceptar que nunca se aprueben sus estados financieros anuales: un escenario impensable que inevitablemente generaría consecuencias negativas para nuestros intereses.
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