Por Luis Miguel Castilla
El reciente discurso de investidura del nuevo gabinete volvió a dejar en evidencia una vieja constante de la política peruana: el olvido del campo. Entre los anuncios dispersos sobre la ampliación del seguro agrícola, la continuidad de proyectos de irrigación y la promesa de formalizar 60 mil predios rurales, no se vislumbra una estrategia integral para un sector que sigue postergado: la agricultura familiar. Omisión que se ha repetido con las últimas administraciones que hemos tenido y que usualmente no abordamos.
Un sector esencial, pero subestimado
El próximo gobierno heredará una deuda profunda con los agricultores. Más de dos millones de hogares dependen de la agricultura familiar y, aun así, su papel esencial en la seguridad alimentaria nacional continúa siendo subestimado. Este sector produce más de la mitad de los alimentos que consumimos, pero enfrenta graves limitaciones: baja productividad, escaso acceso a crédito y tecnología, y una débil inserción en los mercados.
Diagnósticos abundan, gestión falta
Durante años, la respuesta del Estado ha sido insuficiente y errática. La realidad así lo muestra: el 46% de los agricultores aún depende de la lluvia para regar sus cultivos, menos del 9% utiliza semillas certificadas y solo el 2.7% ha recibido asistencia técnica. No faltan diagnósticos; lo que falta es gestión, coherencia y voluntad política.
Infraestructura rural para un cambio real
El nuevo gobierno tiene la oportunidad —y la obligación— de corregir ese rumbo. Convertir la agricultura familiar en una prioridad real de política pública implica, primero, invertir en infraestructura rural básica: riego tecnificado, caminos vecinales, electrificación y conectividad digital. Sin estas condiciones mínimas, cualquier intento de mejorar la productividad será estéril.
Crédito y seguros al servicio del pequeño productor
En segundo lugar, se requiere un rediseño profundo de la política crediticia y de seguros agrarios. Agrobanco y las cajas rurales deben fortalecerse con mecanismos de garantía estatal que reduzcan riesgos y permitan préstamos accesibles. Los seguros, por su parte, deben cubrir no solo desastres climáticos, sino también las fluctuaciones del mercado y la caída de precios, factores que hoy pueden arruinar a un productor en una sola campaña.
Innovación y asociatividad para competir mejor
Un tercer eje indispensable es la innovación. La extensión agraria y la capacitación técnica deben ampliarse mediante alianzas público-privadas que acerquen la tecnología a los pequeños productores. Promover la asociatividad —productiva, comercial y financiera— será clave para que los agricultores puedan competir en mejores condiciones.
Una visión territorial para el desarrollo rural
Cualquier política agraria debe tener enfoque territorial. No puede haber desarrollo rural sin servicios básicos, educación, salud y gobernanza local. La agricultura familiar debe ser parte de una visión integral del país, no un apéndice del discurso político. Su fortalecimiento garantiza la seguridad alimentaria, equilibra el desarrollo territorial y fortalece la estabilidad social. Nada de lo planteado es nuevo; sin embargo, lo que sigue faltando es una real voluntad política para encarar esta situación.
Lee el informe de Videnza Instituto publicado en El Comercio:
