Por Carlos Oliva

Resulta incuestionable que el Estado peruano debe mejorar su capacidad para prestar servicios que respondan al interés ciudadano, y que lo haga de manera eficiente, eficaz y oportuna.  Los avances en términos macroeconómicos de las últimas dos décadas, acompañados de una reducción significativa de la pobreza, no se condicen con un grupo de indicadores que están estrechamente vinculados a la responsabilidad del Estado, como lo indica el artículo 58 de nuestra Constitución: promoción del empleo, seguridad ciudadana, educación, salud, servicios básicos e infraestructura.

El próximo gobierno no puede rehuir a esta responsabilidad y, más allá de las necesarias medidas específicas sectoriales en estos asuntos, también debe desplegar un conjunto de políticas transversales que mejoren el funcionamiento del Estado.  El punto de partida es la consolidación de un sistema de recursos humanos que reclute a los mejores servidores que formen parte de una carrera y que sirva para consolidar las instituciones.  Ello se logra acelerando la implementación de la Ley del Servicio Civil de 2013 a través de ajustes a los procesos establecidos, sin perder el carácter meritocrático.

Por su lado, para atacar la eficiencia, eficacia y oportunidad del gasto público, se requiere continuar con la articulación de los sistemas administrativos que involucran el macroproceso del gasto.  Especial atención debe tener el sistema de abastecimiento, que es la piedra angular de la ejecución del gasto y que aún debe consolidarse al tratarse de un sistema que sólo tiene menos de dos años de rectoría.  En ese aspecto, es clave reformar la ley actual de contrataciones (el MEF acaba de prepublicar un proyecto de ley al respecto) y preocuparse por las cadenas logísticas y manejo de almacenes, elementos olvidados de la gestión pública. Otros temas relevantes relacionados con los sistemas administrativos tienen que ver con la articulación entre planificación y presupuesto, y la adopción de oficinas de gestión de proyectos en los principales ministerios ejecutores, por ejemplo.  En el mismo sentido, no puede soslayarse la importancia de mejorar la gestión de los gobiernos regionales y locales, mientras paralelamente se avanza con la descentralización fiscal.

De manera complementaria, se debe continuar con los esfuerzos por modernizar el Estado. Utilizar la transformación digital para que el Estado esté más cerca al ciudadano y le ofrezca un mejor servicio, implementando herramientas como la interoperabilidad de sistemas, por ejemplo. El esfuerzo informático resulta clave para avanzar en dos líneas de acción: la simplificación de trámites en todos los niveles de gobierno y la mejora de la calidad regulatoria, tanto del poder ejecutivo como del legislativo.

Estos lineamientos deben regir el accionar del próximo gobierno, con indicadores e hitos que requerirán del liderazgo de la PCM y la operatividad de su unidad de cumplimiento.