Por Luis Miguel Castilla.
No cabe duda de que el avance de la minería ilegal exige una mayor efectividad en la capacidad de las fuerzas del orden para retomar el control de zonas sometidas al crimen. Los estados de emergencia y la militarización de zonas calientes en el norte, especialmente en la provincia de Pataz, no han impedido que siga avanzando con impunidad la violencia auspiciada por el crimen transnacional vinculado a otros ilícitos como el narcotráfico. La discusión pública ha estado únicamente centrada en lo perverso que resulta darle continuidad al REINFO y poco se ha planteado respecto a qué hacer frente a una actividad que es extremadamente rentable (especialmente en el caso de la minería aurífera) y que le da sustento al menos a medio millón de peruanos. Formalizar una actividad ilícita con las características socioeconómicas de las zonas donde predomina también exige garantizar un Estado que sea capaz de brindar las condiciones mínimas de bienestar para los pobladores de esas zonas, tarea en la que los gobiernos han fracasado.
Desafíos en la gestión de recursos en Pataz: Inversión pública insuficiente y baja eficiencia
Evaluando los presupuestos públicos que tiene Pataz, epicentro actual de la violencia de los mineros ilegales, estos no han sido suficientes para cerrar brechas mínimas de acceso a servicios básicos. Solo evaluando la realidad del distrito de Pataz, vemos un incremento del 170% en los últimos cinco años y una ejecución de solo el 30% del presupuesto de inversión pública. La eficiencia de esa inversión es también muy baja comparada con otros distritos y provincias del país, ubicándose la provincia de Pataz entre las peores del país.
Estrategias integradoras para un cambio estructural
Esta realidad exige plantear una estrategia integral que vaya mucho más allá de lo militar, el endurecimiento de sanciones o del debate en torno a la continuidad o cambios al REINFO. Va por encarar las responsabilidades y capacidades que tienen este tipo de jurisdicciones y la definición de intervenciones más activas y efectivas del Gobierno nacional y de las empresas privadas formales que operan en esas zonas calientes. Hay experiencias interesantes en nuestro propio país cuando se luchaba contra el narcotráfico en San Martín, por ejemplo, que podrían replicarse; sin embargo, lo más importante es tener la presencia de un Estado que realmente funcione y brinde las condiciones mínimas de vida para reducir al menos en algo la dependencia que se tiene sobre actividades criminales que hoy controlan gran parte del país. Poco o nada se discute sobre esta tarea que luce a todas luces ineludible.
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