Por Luis Miguel Castilla.
La razón de fondo detrás de la reducción de nuestra calificación crediticia es la previsión de que acelerar el crecimiento económico será una tarea ardua. Esto se debe a la dificultad de conseguir consensos políticos mínimos que permitan retomar las reformas estructurales que tanto necesita el país. Además, el papel tradicional del MEF se ha visto debilitado por la precariedad del gobierno, que no puede contener la aprobación de medidas populistas por parte de un congreso irresponsable y descontrolado. Esta combinación explica por qué la agencia Standard & Poor’s prevé que el déficit fiscal recién será del 2% del PIB en 2026 (tope correspondiente a este año) y el doble de lo establecido en las reglas fiscales vigentes (1% del PIB).
Desafíos del gasto público y estabilidad fiscal
Un mayor crecimiento económico es clave para generar mayores ingresos tributarios y recuperar el espacio fiscal del país. Sin embargo, nada permite esperar que las presiones para aumentar el gasto público se puedan contener a medida que se acerque el ciclo electoral. Lo previsible es que el congreso sea fiscalmente más voraz y que las demandas adicionales de mayor presupuesto público se incrementen. La propia debilidad política del gobierno y su objetivo de mantenerse en el poder continuarán minando la capacidad de sanear las finanzas públicas. Incluso un escenario de precios elevados del cobre, nuestro principal metal de exportación, de cara a la transición energética por la que atraviesa el mundo, parece no ser suficiente para lograr un menor déficit fiscal.
Retroceso en las finanzas públicas
Esta situación se veía venir y claramente ilustra que el comportamiento de la clase política y su predominio sobre la racionalidad técnica nos pasarán una factura muy cara. Construir cuentas públicas solventes tomó décadas, y ahora, en un breve período, estamos ante un retroceso a la situación que prevalecía hace 15 años. Esta advertencia debe ser tomada con el mayor grado de urgencia posible.
