Por César Amaro.
¿Qué tienen en común la escasa oferta de servicios de salud públicos con el retroceso a procesos manuales para emitir certificados de defunción desde el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef)?
A fines de setiembre último, la Contraloría General de la República alertó sobre serios problemas de gestión en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Entre ellos, el menor uso de consultorios externos, la suspensión de cirugías, el mal estado de los centros quirúrgicos, el ineficiente uso de las camas de hospitalización, y la saturación del servicio de emergencia. Para resumir lo hallado, mencionaremos una cifra que subleva: las consultas externas programadas solo atienden entre el 11% a el 14% de lo que podrían si se cumpliese con los estándares de desempeño.
Para ningún asegurado al Seguro Integral de Salud (SIS) es un secreto que, al acudir a un establecimiento de salud, sobre todo hospitalario, es difícil (i) acceder a una consulta médica oportuna y gratuita a pesar de madrugar; (ii) obtener un procedimiento de apoyo al diagnóstico rogando que no falte un reactivo o que el equipo esté malogrado; y (iii) recibir la receta completa en la farmacia. Estos tres motivos hacen que la probabilidad de tener que pagar de su bolsillo por la atención o los medicamentos en un proveedor privado sea muy alta.
Y ahora resulta que a ese maltrato le debemos añadir la dificultad para conseguir una partida de defunción al perder a un ser querido. Como consecuencia del escándalo por la “muerte” de algunos personajes conocidos, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) suspendió temporalmente el proceso digital de emisión de certificados de defunción. Además, acaba de autorizar a 14,000 médicos (de una lista de 37,000 enviada por el Ministerio de Salud con inconsistencias) el uso de la plataforma del Sinadef, pero reestableciendo el registro presencial de los certificados en municipios o en el propio Reniec.
Ante la vulnerabilidad del Sinadef, la respuesta del Estado ha sido retornar al papel en tiempos digitales, con mutuas acusaciones entre instituciones, pero sin enfrentar la causa del problema. El Hospital Loayza, por su parte, atribuyó su ineficiencia a la saturación del sistema de salud por la pandemia, con lo que deslindó responsabilidades.
La razón principal en ambos casos es que los profesionales de la salud, en particular los médicos, no cuentan con una identidad digital que brinde trazabilidad a sus actos de modo seguro y confiable. De haberla, sería posible publicar la programación de labores en los consultorios públicos, o facilitar la emisión de documentos vitales, como un certificado de defunción digital.
El Perú tiene la valiosa experiencia de EsSalud. Desde 2019, esta institución facilita a sus facultativos emplear la firma digital en las actividades vinculadas a las prestaciones de salud —esto mediante un token digital proporcionado por la propia Reniec—. Sin embargo, este modelo no ha sido adoptado por el Ministerio de Salud. Como ente rector, necesita tomar medidas urgentes para implementar un proceso estable en todos los prestadores públicos (Minsa, Gobiernos regionales, Policía Nacional y Fuerzas Armadas) que proteja la información personal de los usuarios del sistema de salud (público y privado). Para ello, recomendamos:
- Organizar un proceso eficiente y transparente sustentado en la identificación digital de los actores a cargo.
- Emplear las capacidades existentes en la plataforma y servicios digitales de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros.
- Publicar la programación de los servicios de salud y el cumplimiento de las citas médicas, disponibilidad de salas de operaciones, servicios de apoyo al diagnóstico, etc., de modo que los ciudadanos podamos acceder a esta información y los gestores rindan cuentas por el desempeño de sus establecimientos de salud.
Estas medidas son tan importantes como urgentes. Los peruanos, sobre todo los más pobres y vulnerables, sufren cotidianamente la precariedad de los servicios de salud. En lugar de estar evitando responsabilidades y retrocediendo en reformas, el Estado debe poner al ciudadano al centro de sus decisiones y trabajar de forma sostenida para mejorar los servicios públicos elementales.
