Por Luis Miguel Castilla.
La violencia desatada al interior del país es producto de una estrategia de vandalismo organizado por personajes cercanos al ex presidente Castillo. Esto fue anunciado con mucha claridad por el ex premier Anibal Torres que amenazaba con un “Plan B” si se vacaba a su ex jefe. La intención de este repudiable radicalismo que nos hace recordar a las maniobras que utilizó la insurgencia y el terrorismo en el pasado en el Perú es crear una crisis política de tal magnitud que la única salida sea la convocatoria de una Asamblea Constituyente que refunde la estructura y el modelo económico del país.
Aunque la intención real es retomar el poder y perpetuarse como los regímenes dictatoriales de Venezuela, Cuba o Nicaragua. Poco le importa a los vándalos las lamentables pérdidas de vidas humanas y el perjuicio económico que la violencia le está generando a los peruanos más desfavorecidos que viven al día y que ven nuevamente abortada su recuperación económica. Ejemplos de este perjuicio lo constituyen los cientos de miles de pequeños comerciantes que generan la mayor parte de sus ventas e ingresos durante la campaña navideña, regiones enteras que dependen del turismo y que ya habían logrado recuperarse tras dos años terribles durante la pandemia, miles de ganaderos que no pueden vender su leche por la destrucción de plantas de procesamiento lácteo y millones de consumidores que enfrentan una escalada de precios de alimentos por el desabastecimiento generado por los bloqueos ilegales de vías en todo el país.
A lo anterior se suma la mella carísima que tiene el caos y la ingobernabilidad política sobre nuestra imagen internacional y la justificada visión pesimista de las agencias de rating que afirman que la solidez macroeconómica no compensa los perjuicios generados por la incapacidad de la clase política de llegar a consensos mínimos. Esto último está claramente demostrado por la negativa del Parlamento de adelantar las elecciones porque los congresistas temen perder sus prebendas o condicionan cualquier salida política a que se fuerze una Constituyente.
Mientras tanto la violencia y las condenables muertes continúan con un gobierno precario y un porvenir incierto. En línea con el sentir del 90% de la población que repudia a la clase política y que considera que la única salida a la crisis es el adelanto de elecciones generales tendremos que asumir los riesgos que significan volver a las urnas sin liderazgos idóneos y programas viables. Otro podría haber sido el escenario de realizar reformas políticas que aseguren mejorar la gobernabilidad pero esto no sería posible con la clase dirigente actual.
Lo que queda es sostener a un gobierno de transición breve con una agenda de mínimos que asegure elecciones limpias y expulse a las mafias enquistadas en el poder. Esto debe ser acompañado por una estrategia proactiva de recuperación de los valores cívicos que hemos lamentablemente perdido los últimos años y que nuevamente nos coloque en un proyecto de unidad nacional y no de división entre peruanos.
Aquí puedes leer la columna completa de Luis Miguel Castilla en El Comercio:
