Por Milagros Campos.
Con la muerte cruzada declarada por Guillermo Lasso en Ecuador se escribe un nuevo capítulo en las crisis presidenciales en América Latina. Lasso disolvió la Asamblea Nacional durante el juicio político que libra y días antes de la votación sobre su destitución. Se van ambos. El Consejo Nacional Electoral aprobó la convocatoria a elecciones generales —legislativas y presidenciales— el 20 de agosto para completar el periodo.
La muerte cruzada es un mecanismo que incorporó la Constitución de 2008. Faculta al presidente a disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, entre otros motivos. Con las elecciones generales, la Constitución ecuatoriana buscó generar un incentivo para evitar el uso reiterado de las destituciones después de las ocurridas con Bucaram (1977) y Gutiérrez (2005). Ello puede ocurrir una sola vez en los tres primeros años del mandato.
El decreto de disolución cita una sentencia interpretativa de la Corte Constitucional del Ecuador de 2010, en la que califica esta figura como “excepcional”, que puede ser activada si se cumplen los presupuestos previstos en la Constitución “como un mecanismo de frenos y contrapesos” para intentar equilibrar el poder del uno respecto del otro.
Así, Lasso ha dado por concluido el capítulo de tensiones con la Asamblea Nacional antes de la votación que tenía por finalidad su destitución. En este caso, las imputaciones fueron por presuntos delitos de corrupción, pero hace menos de un año libró un proceso de destitución por grave crisis política y conmoción interna. Este mecanismo solo puede aplicarse una vez durante el mandato presidencial y tiene las mismas características que la muerte cruzada, pero gatillado por el Legislativo. Los candados no han logrado desincentivar la pretendida destitución.
Si bien una de las características del presidencialismo es el periodo fijo de mandato, lo que vemos en algunos países de América Latina es que los periodos presidenciales se ven reducidos a causa de destituciones decididas por los congresos o renuncias forzadas que conducen a un nuevo proceso electoral. El caso peruano es otro ejemplo de ello. El promedio de duración de los últimos presidentes desde 2016, sin contar a la actual mandataria, ha sido 15 meses.
¿Qué factores determinan el término anticipado del mandato?
Las investigaciones de Aníbal Pérez Liñán, Gabriel Negretto, Mariana Llanos, Christopher Martínez, entre otros politólogos, vinculan estas destituciones o renuncias anticipadas, en contextos de crisis presidenciales, a la fragmentación política que se refleja usualmente en presidentes gobernando en minoría, con un reducido apoyo parlamentario que no puede evitar una coalición opositora. Aunque no concurran simultáneamente, puede tratarse de presidentes independientes, con poca experiencia política. La ausencia de partidos políticos que lo respalden, o la existencia de partidos personalistas o muy débiles.
A lo anterior se suman denuncias de corrupción, protestas sociales contra el Gobierno y alta desaprobación ciudadana. Otros aspectos que concurren son la polarización política y la ausencia de contención institucional (Levitsky & Ziblatt, 2018). Colomer (2023) encuentra que también hay factores institucionales, pues los políticos “se mueven por las restricciones y los incentivos creados por las instituciones políticas”, las que actualmente favorecen la competición polarizada.
Otros dos actores se han sumado a estos escenarios de crisis políticas: los tribunales constitucionales en el control de constitucionalidad, y las Fuerzas Armadas. La Corte Constitucional rechazó admitir a trámite las acciones que cuestionaron la decisión de Lasso.
En el caso del anuncio golpista de Castillo, el Tribunal Constitucional al lado de otras instituciones estatales rechazó la inconstitucional medida. Pero como como lo ha hecho notar John Polga-Hecimovich, las Fuerzas Armadas terminan arbitrando las crisis políticas en la región. En ambos casos se pronunciaron.
Ecuador y Perú
Los casos de Ecuador y Perú son diferentes respecto del marco normativo y de las consecuencias de la disolución, pero tienen muchos elementos comunes. La pregunta es si un diseño disruptivo como la muerte cruzada o la vacancia por permanente incapacidad moral pueden dar término a un conflicto entre poderes, y si las nuevas elecciones pueden conducir a Gobiernos más estables.
El sistema democrático no puede tolerar conductas delictivas ni golpes de Estado, pero la inestabilidad política a causa de la confrontación es contraria a niveles mínimos de cooperación. La proliferación de procesos de destitución encuentra en figuras constitucionales caminos que, en la práctica, no responden a la presunta comisión de delitos, sino a la falta de respaldo parlamentario al presidente.
Con ello, se desnaturaliza el presidencialismo. Si bien el sistema político debe generar mecanismos para destituir a los presidentes mediante procesos adecuados, también debe generar un nivel de estabilidad política.
