Por Milton von Hesse.
Uno de los efectos más dramáticos de la inestabilidad política de los últimos cinco años ha sido el perder de vista al ciudadano en sus derechos más básicos como sujeto de las políticas públicas. Los sucesivos cambios de presidentes, ministros, viceministros, directores generales, directores de línea y un largo etcétera han tenido un efecto nefasto sobre el aparato público.
No sólo no se han planteado ni implementado nuevas políticas sectoriales orientadas a mejorar la eficiencia de largo plazo, sino las que se han hecho, muchas veces han respondido a intereses específicos que no representan al bienestar general. La degradación de la calidad de la gestión pública, ha sido la factura que estamos pagando los peruanos por la inestabilidad política y la crisis institucional.
La provisión de agua y saneamiento
Uno de los sectores que mejor permite ilustrar lo anterior es lo que ha pasado con la provisión de agua y saneamiento a nivel nacional. En el año 2013 se crea el Organismo Técnico de la Administración de Servicios de Saneamiento (OTASS), que debía liderar la modernización de la prestación de servicios de saneamiento en el Perú.
En el Perú existen 50 empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento diseminadas en todo el país, habiendo en algunas regiones hasta cinco de ellas. De las 50 empresas, salvo SEDAPAL, que es una empresa pública bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), 49 son de propiedad municipal.
Estas empresas se caracterizan por tener todos los vicios de la gestión pública subnacional y no se caracterizan por su eficiencia: pierden más del 40% del agua producida; solo el 50% del agua que producen en la costa tienen índices de cloración adecuados que aseguran su desinfección, porcentaje que se reduce al 20% en sierra y selva; no tratan de manera adecuada las aguas residuales antes de verterlas a los ríos, quebradas o al mar, y su gestión financiera se caracteriza por no poder cubrir ni siquiera los gastos operativos.
El OTASS debía intervenir a las empresas, controlar su directorio y promover que las entidades prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) se conviertan en empresas eficientes. Para lograr esta transformación recurriría a tres herramientas posibles: brindarles asistencia técnica y soporte financiero condicionado a superar indicadores de eficiencia; realizar contratos de gestión con una empresa privada especializada que tome el control administrativo, financiero y operativo de las mismas o, finalmente, darlas en concesión al sector privado.
La política pública de agua y saneamiento
La nueva gestión gubernamental a partir de mediados del 2016 desechó cualquier tipo de participación privada en las EPS y se limitó a capacitaciones y transferencias financieras sin registrarse mejora significativa alguna. No existen indicadores de resultado o impacto que muestren que se ha logrado mejorar su eficiencia.
Los indicadores de la última ENAHO son contundentes para demostrar el fracaso absoluto de la política pública de agua y saneamiento en los últimos años en el Perú. Entre los años 2017 y 2022 el acceso al agua potable apenas aumentó de 88.1% a 89% y el del saneamiento, entendido como la disposición de los residuos sanitarios de los hogares, de 79% a 79.4%.
Ello a pesar de que, según la consulta amigable del MEF se invirtieron más de 38,500 millones de soles de recursos públicos en inversiones durante este periodo, monto que equivale al 77% de lo que estimaba el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) en el Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021 costaría lograr el 100% de coberturas. La conclusión es obvia: o se cambia radicalmente la forma de hacer las cosas, o estaremos condenados a seguir tirando el dinero público al desagüe.
