Por Luis Miguel Castilla.
El último Reporte de Inflación presentado por el BCRP comienza a sincerar las proyecciones económicas oficiales. Lo más resaltante es el abierto reconocimiento que el estancamiento económico perdura pese a los intentos de reactivación adoptados por el Gobierno. Esto se debe a que la inversión privada se contrae, cosa que impide que se genere el empleo necesario, requisito clave para reducir la pobreza y la vulnerabilidad.
El persistente pesimismo de las expectativas empresariales, factor que condiciona a la inversión privada, se atribuye a un conjunto de factores: incremento en los costos de producción, trámites engorrosos, parálisis en la toma de decisiones de mandos medios, falta de un horizonte de largo plazo por la incertidumbre política. Si bien la tendencia negativa ha empezado a ceder lentamente no basta para que los inversionistas arriesguen más capital.
Con una mirada más macro, los fundamentos siguen siendo sólidos y las bases generales del modelo económico no han cambiado. Sin embargo, lo que tampoco cambia es la inacción de funcionarios estatales de rango medio que postergan indefinidamente decisiones por temor a las sanciones de un sistema de control interno muchas veces exageradamente punitivo y la facilidad con la que se judicializan las decisiones que se toman en el ejercicio de la función pública.
Es preferible que se paralice un proyecto y vaya a un largo y caro arbitraje a que se firme una adenda, por más que haya sustento técnico. Este es uno de los principales tapones para que nuevamente despegue la inversión. Ante esto, el consumo privado se ha convertido en el motor del crecimiento, pero esta ruta no permitirá crecer sostenidamente.
Post pandemia, el mercado laboral se ha precarizado y los salarios son más bajos que en el pasado (informales y subempleados principalmente) y el shock inflacionario de los últimos dos años ha mermado la capacidad adquisitiva de millones de hogares que han caído nuevamente en la pobreza.
Afortunadamente la inflación ha comenzado a ceder lentamente pero estamos nuevamente ante un incierto shock de oferta por el Niño. En lugar de aportar medidas para mitigar esta situación, ciertos grupos políticos pretenden reimpulsar irresponsablemente las protestas políticas (que tienden a afectar a los más pobres), las autoridades subnacionales no parecen tener idea de cómo afrontar los desastres naturales que se vienen (peor aun se dan el lujo de dilatar proyectos de inversión que sus regiones requieren) y el mediocre Congreso legisla para sus intereses particulares o nuevamente plantea salidas populistas para llevarse el rédito fácil de corto plazo.
Obviamente que la frustración de la población está subiendo justificadamente sin obtener respuestas efectivas de sus gobernantes. Tenemos todo para salir adelante pero la sensación de urgencia no cala aún y el conformismo con el status quo resulta incomprensible.
Aquí puedes leer la entrevista completa de Luis Miguel Castilla en La República.
