Por Paola Bustamante.
La Constitución Política del Perú reconoce el derecho a la participación política de mujeres y hombres (artículos 2º inciso 17; 31º y 35º), y está también reconocido como un derecho humano en diferentes instrumentos internacionales.
En nuestro país, el ejercicio de este derecho, en condiciones de igualdad, por hombres y mujeres, no se ha visto reflejado en la realidad. La situación de la mujer se caracteriza por una histórica exclusión en el acceso a cargos de poder y decisión dentro de las esferas gubernamentales. (Defensoría del Pueblo, 2006)
La cuota de género
Realizando un recuento en la historia, recién en 1955 las mujeres peruanas obtenemos el derecho al voto y a ser elegidas en elecciones generales. Es así que en las elecciones al Parlamento de 1956 fueron elegidas por primera vez una senadora de 53 y ocho diputadas de 182. (ONPE, 2021)
Durante estos 68 años, hemos avanzado poco a poco en generar los espacios y las oportunidades para que un mayor número de mujeres líderes con propuestas políticas asuman cargos de representación popular. La cuota de género, ampliamente discutida y muchas veces criticada, es una de esas medidas afirmativas que los instrumentos internacionales promueven para incorporar efectivamente a las mujeres al escenario político.
En 1997, 42 años después de obtener el derecho al voto y a ser elegidas, se aprueba la Ley 26859 que establece la cuota de género en 25% para las listas parlamentarias. En el año 2000, esta cuota de género se amplía al 30% (Ley 27387). Dos años después se aprueba que la cuota de género del 30% también se aplique para los cargos a nivel regional y local (Ley 27734). Y desde 2004 la cuota del 30% debe aplicarse en las elecciones al Parlamento Andino (Ley 28360).
¿Qué se ha logrado?
Los resultados de la implementación de estas medidas afirmativas han sido importantes, pero insuficientes. En el Informe Defensorial N.º 122 de la Defensoría del Pueblo se detalla el incremento en la participación de las mujeres en la representación parlamentaria: pasó de 9 representantes en un Parlamento bicameral (una senadora y ocho diputadas) en 1956 a 35 congresistas en 2006, 28 en 2011, 36 en 2016 y 33 en 2020.
En la aplicación de la cuota de género en la representación a nivel regional y municipal, conforme a los datos del año 2013 de la asociación civil Transparencia, tenemos que en 1995 fueron 53 mujeres alcaldesas provinciales y distritales. En 1998, con la aplicación de la cuota del 25%, fueron 56 alcaldesas; en 2002, con la cuota del 30% fueron 53 alcaldesas provinciales y distritales y tres presidentas regionales; en 2006 fueron 50 alcaldesas y ninguna presidenta regional; y para 2010 se elevó a 69 alcaldes y se mantuvo en cero la cantidad de presidentas regionales.
En 2014 sumaron 45 alcaldesas distritales, seis alcaldesas provinciales y una gobernadora regional. En 2018, el número ascendió a 78 alcaldesas distritales, y se mantuvo en 6 alcaldesas provinciales y en ninguna gobernadora regional. (JNE, 2018)
Paridad y alternancia
Es así que en 2020, después de un largo proceso de debate y de alianzas a favor de seguir implementando medidas afirmativas, se aprueba la Ley 31030, que garantiza la paridad y la alternancia de género en las listas de candidatos y candidatas para cargos de elección popular en los diferentes niveles de gobierno.
Esta medida se implementa por primera vez en las elecciones generales de 2021, y en las regionales y municipales de 2022. Sus resultados fueron: de 130 congresistas, 47 son mujeres. Es la primera vez que la representación parlamentaria femenina supera el 36%. Además, se eligió dos gobernadoras regionales, 22 vicegobernadoras, ocho alcaldesas provinciales y 94 alcaldesas distritales. Respecto de los últimos comicios, tenemos una mayor representación.
¿Cuáles son los próximos retos?
Los retos que tienen para que en las elecciones siguientes se cuente con mayor número de mujeres elegidas son que se desempeñen con ética, transparencia, honestidad, eficiencia, y que demuestren que las mujeres pueden ejercer adecuadamente cargos públicos e implementar políticas públicas que beneficien a todos los ciudadanos. Lamentablemente, vemos que varias congresistas están inmersas en casos de corrupción y recortes de sueldos a sus trabajadores, algo inaceptable y que merece la máxima sanción.
En el caso de las vicegobernadoras, el reto es contribuir a una gestión regional eficiente, aun cuando el marco legal señala que sólo ejercen función de representación. Sin embargo, vemos con expectativa que en varias gestiones regionales los gobernadores vienen dando espacio de gestión a las vicegobernadoras cuando, en otros, están siendo acosadas políticamente con remuneraciones disminuidas.
Por todo lo anterior, debemos seguir implementando mecanismos para fortalecer la capacidad de gestión de las mujeres y que tengan las mismas oportunidades en todo el territorio nacional. Esa es una tarea conjunta de hombres y mujeres.
