Por Luis Miguel Castilla. 

El larguísimo mensaje presidencial por Fiestas Patrias ha desaprovechado la oportunidad de reenganchar a la inversión privada, tarea clave en un contexto en el que la economía comienza a sentir los estragos del Niño Costero y donde lo peor podría estar por venir.

“La presidenta no ha encarado con suficiente convicción el pesimismo que prevalece entre los agentes económicos.”

Si bien la retórica oficialista al más alto nivel es amigable a la inversión privada, hay áreas que exigen pasar del discurso a una acción mucho más decidida. Por ejemplo, el gran ausente ha sido el sector minero, donde mas allá de reconocer que la inversión en exploración está creciendo, ni siquiera hubo una palabra de cómo acelerar la cartera de inversiones mineras que están ahogadas por regulaciones desproporcionadas.

Además, una señal clave para fomentar la inversión privada es defender la seguridad jurídica ante las irresponsables amenazas de algunas autoridades subnacionales. Por ejemplo, las máximas autoridades del Ejecutivo no le ponen el pare a la pretensión del Gobierno Regional de Arequipa de cancelar un contrato de concesión y sustituirlo por la modalidad Gobierno a Gobierno (como si fuera la panacea), en el caso del proyecto Majes Siguas II. Incluso se anunció que será un proyecto que manejará la nueva Autoridad Nacional de Infraestructura que solo existe en el papel. Esto hace suponer que se viene un nuevo arbitraje en contra del Estado peruano.

Tampoco se escucha la voz de la presidenta ante la matonesca intención del alcalde de Lima de desconocer una resolución de un tribunal arbitral internacional. Es evidente que acciones unilaterales de este tipo ocasionarían daños irreparables a la credibilidad del país como destino de inversión. Peor aún, estas amenazas hacen mucho más difícil concretar la adjudicación de nuevas concesiones en proyectos de infraestructura y harán mucho más difícil que Proinversión cumpla con las metas previstas.

“El Gobierno persiste en plantear las mismas recetas (más gasto público, programas sectoriales sin escala, asistencialismo) que hasta la fecha no han logrado efectividad en frenar la caída de la actividad económica e incluso propone algunas malas ideas como subir el salario mínimo, lo que exacerbará la elevada informalidad laboral.”

Si bien ha habido algunos anuncios interesantes (que requieren más explicación y la aprobación de nuevas facultades por el Congreso), se dejó pasar una oportunidad para ofrecer un norte claro que se la juegue sin complejos por la inversión privada que es la generadora de empleo en el Perú y una de las mayores preocupaciones de la población. Lamentablemente sigue sin calar el sentido de urgencia que las actuales circunstancias exigen.

Aquí puedes leer su columna completa en El Comercio.