Por Luis Miguel Castilla.
El crimen y la inseguridad ciudadana que azotan al país afectan cada vez más el bienestar de la población y acumulan costos económicos crecientes. Un cálculo conservador arroja un costo de más del 3% del PBI o más de S/ 30,000 millones todos los años. La mitad de estos costos corresponde a los recursos presupuestales que el Estado asigna a la función de seguridad y orden interno (monto que se ha triplicado en la última década), y la otra mitad está compuesta por los costos que hogares y empresas asumen en seguridad privada, además de los que se derivan de las pérdidas económicas directas por la victimización y lo que dejan de aportar las personas privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios.
Estimaciones mínimas
Estas estimaciones son mínimas al no contabilizar los costos indirectos que el crimen ocasiona en una población atemorizada por su integridad personal, las pérdidas en productividad de las empresas o la afectación negativa ante la inversión extranjera, que asume una prima de riesgo elevada por operar en nuestro país. Al ritmo en que avanza el deterioro de la seguridad ciudadana y ante las ineficaces políticas públicas adoptadas hasta la fecha, lo más previsible es que la afectación económica siga incrementándose, como ha ocurrido en los últimos cinco años.
Efectividad del gobierno
El Gobierno tiene facultades legislativas durante los próximos 90 días para plantear una estrategia que aborde esta crisis y deberá mostrar una efectividad que hasta el momento le ha sido esquiva. La respuesta más fácil ha sido la declaratoria de emergencia en varios distritos del país, pero si esta acción no viene acompañada de una estrategia integral, tendrá poco impacto en la resolución de un problema que ya se ha salido de las manos.
Evaluación cuidadosa de otros países
Por su parte, “importar” la experiencia de otros países debe ser evaluado cuidadosamente debido a las particularidades del delito en nuestro país y la naturaleza transnacional del crimen organizado, que muestra complejidades vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, la tala ilegal y otros ilícitos que prevalecen en vastos segmentos del territorio nacional.
Acción ante grave crisis
El problema que debemos enfrentar no es exclusivo del Perú, ya que afecta a toda la región, pero exige una respuesta menos efectista para recuperar la tranquilidad de la población y reducir estos perniciosos costos que afectan a la sociedad en su conjunto. La respuesta demanda un claro liderazgo de la Presidenta al mando del Conasec, la recuperación y unificación de la inteligencia de la Policía, y una estrategia integral de prevención del delito, hasta ahora ausente. Junto con la corrupción, es el principal problema que aqueja a los peruanos, afectando a uno de cada cuatro adultos en nuestras ciudades y a uno de cada tres en Lima y el Callao. Estamos ante una grave crisis que requiere más acción y menos retórica o promesas incumplibles en un país democrático.
