Por Luis Miguel Castilla.
Nuevamente estamos inmersos en una crisis política e institucional, hoy centrada en la entidad que tiene un rol clave en la administración de la justicia y la lucha contra la corrupción. Sin duda, los recientes acontecimientos socavan todos los esfuerzos desplegados por mejorar la confianza de los agentes económicos para salir lo más posible de la recesión en la que nos encontramos. La degradación institucional refleja la captura política de entidades autónomas que desempeñan un papel central en la lucha contra la corrupción. Y esto ocurre en un momento muy delicado en el que la corrupción se ha convertido en un problema altamente normalizado. De acuerdo con la XII Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción 2022 de Proética, el 68% de los peruanos tiene una tolerancia alta o media a la corrupción.
Corrupción
Peor aún, incluso en tiempos de crisis, la corrupción ha sido un grave problema, afectando la gestión de las emergencias. En el caso específico de las obras de reconstrucción tras el Fenómeno El Niño de 2017, más de cuatrocientas personas fueron acusadas de corrupción. Por su parte, en abril de 2020, en plena crisis sanitaria, la corrupción seguía siendo el principal problema para el 56% de los peruanos. Estando a las puertas de un Niño global con el potencial de afectar adversamente a diversas regiones y sectores críticos de la economía, resulta urgente contar con instituciones que velen por el adecuado uso de los recursos públicos y sancionen con diligencia y transparencia el accionar delictivo de malos funcionarios para no repetir los penosos casos del pasado.
Expectativas siguen cayendo
Además, la necesidad de reanimar las expectativas empresariales para evitar que la inversión privada siga cayendo (y el empleo se recupere) demanda instituciones sólidas que cumplan sus objetivos y funciones a cabalidad y no estén inmersas en una pelea frontal, medio de acusaciones y degradación institucional ante los ojos de la ciudadanía.
Sin aprobación de ley de presupuesto
En medio de esta crisis, aún no se aprueba la ley de presupuesto para el 2024, estando ya al límite del plazo legal. El Congreso, de manera prepotente y abusiva, pretende incluir iniciativas de gasto por más de S/ 16.000 millones y aprovecha la crisis actual para pasar desapercibido. El cuarto intermedio probablemente termine y se apruebe la ley a tiempo, y tocará realizar un escrutinio muy severo de las inclusiones del Congreso (comparando el proyecto aprobado con el que el Ejecutivo envió en agosto pasado).
Recuperación de la confianza
Lamentablemente, todos estos sucesos, incluida la dificultad que enfrenta el Gobierno para aprobar un presupuesto ante un Congreso que detenta el poder real en el país, no harán fácil la recuperación de la confianza y corremos el riesgo de caer en un estancamiento económico, incluso una vez que se supere el trance generado por los shocks climatológicos.
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