Por Luis Miguel Castilla.
La salida a la crisis social pasa por una decisión política. Las pretenciones de los promotores de las manifestaciones y los azuzadores de la violencia son maximalistas: renuncia de la presidenta, elecciones inmediatas y convocatoria a una asamblea constituyente.
Sin resolver necesariamente ningún problema de fondo, estas salidas no aseguran que se recupere la paz y tranquilidad y mucho menos ponderan el impacto económico adverso que tendrían. Perú no ha cruzado la raya como Chile hizo y hoy se encuentra inmerso en una discusión larga e incierta sin asegurar una mejor situación que la que tenía antes de su proceso constituyente.
Muchos se preguntan porqué pese a todo el desbarajuste político de siempre (incluso antes de la crisis actual) la economía peruana se ha mantenido resiliente; y la respuesta tiene que ver con los candados constitucionales que blindan a la generación de riqueza del país y que, pese a la ingobernabilidad crónica, permiten que la actividad económica siga fluyendo (aunque obviamente habría mucho mayor crecimiento en un entorno de estabilidad).
En este sentido, la salida a la crisis debiera ser una que no comprometa el bienestar futuro del país. Como ha sido reiterado múltiples veces, hay muchas razones que explican la frustración de una gran cantidad de peruanos que se sienten marginados del progreso económico. Esta situación se ha agudizado por el abandono de una presencia eficaz y proba del Estado del interior, configurando el caldo de cultivo de la desafección de muchos que exigen legítimamente mejoras en su calidad de vida y mayor movilidad social.
Lo paradójico es que estos móviles están ausentes de la protesta y la convulsión que vivimos, dominando en vez objetivos políticos con claro sesgo ideológico. Las regiones más convulsas no tienen peores indicadores sociales que aquellas que permanecen más pasivas. La situación de varias provincias de Puno o Piura no es muy desigual en relación al acceso al agua las 24 horas al día o la incidencia de la anemia, por ejemplo.
Indudablemente estas diferencias no debieran existir y mucho menos ser toleradas y justamente para evitar que más peruanos se plieguen a la protesta es fundamental una acción decidida y rápida que ataque esos problemas estructurales que sufren millones de peruanos.
Esas carencias no se resuelven con cambios disruptivos políticos que subestiman la generación de riqueza y la capacidad estatal de redistribuirla adecuadamente para lograr mayor cohesión social. Por el contrario, hipotecan nuestro futuro con recetas que ya se intentaron en el Perú con resultados nefastos.
Aquí puedes leer la columna completa de Luis Miguel Castilla en El Comercio.
