Por Luis Miguel Castilla.
En este intercambio de visiones de dos ex titulares del MEF se traslucen con claridad las miradas distintas respecto a la importancia que tiene el capítulo económico de la Constitución para lograr una mayor igualidad y cohesión social. Mi opinión, como de la mayoría de ex ministros de Economía, es que no hay nada en la actual carta magna que impida que el Estado pueda ejercer el rol redistribuidor en la sociedad. Los dos instrumentos de política pública para cumplir ese objetivo son el gasto público y los impuestos y nada limita su utilización en el capítulo económico, nada.
La fijación que tienen algunos economistas de izquierda con el rol empresarial del Estado o con la existencia de contratos lescivos al interés nacional muestran un total desconocimiento de la realidad y un olvido del elevadisimo costo que el Perú tuvo que asumir cuando estos dos preceptos eran la norma. Por un lado, el estatismo previo a 1993 conllevó a la bancarrota nacional con pérdidas económicas de US$ 25.000 millones a raíz de la quiebra de 200 empresas públicas. Financiar estos enormes déficit fiscales condujo al sobre endeudamiento público y al financiamiento inorgánico de dicha brecha por parte del banco central (y la hiperinflación que trajo como consecuencia).
De otro lado, se debe señalar con claridad que no se han suscrito contratos ley en los últimos 20 años y las controversias que existen entre el Estado y los inversionistas privados se resuelven en el marco de los arbitrajes internacionales. Algo que no se menciona nunca es que en el 80% de los casos ante el CIADI, se han emitido laudos a favor del Estado peruano (al menos hasta hace poco tiempo).
Mas aún, tener seguridad jurídica contractual a nivel de la Constitución al igual que un trato equitativo entre la inversión nacional y extranjera, han traído beneficios enormes a la población en cuanto a la generación de empleo, reducción de pobreza y mayor acceso a servicios de calidad. Solo basta recordar cómo era la dramática realidad que enfrentábamos para conseguir una línea telefónica en los ochenta cuando existía la Compañía Peruana de Teléfonos.
La semana pasada Perú Libre ha presentado nuevamente sendos proyectos de ley para modificar totalmente el capítulo económico. Persistir con tamaño despropósito muestra que el móvil es enteramente ideológico y político y muestra una total falta de voluntad de construir sobre lo ya avanzando. Se opta por seguir prometiendo recetas mágicas sin haber aprendido nada de nuestra propia historia. Reformas constitucionales ciertamente se requieren, pero no en el capítulo económico, que ha generado riqueza y transformado la realidad de millones de peruanos.
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