Por Janice Seinfeld.
“En el Perú del 2023 ninguna persona debería morir por una enfermedad que puede ser tratable si se diagnostica a tiempo y si las autoridades despliegan las acciones que ya se conocen para reducir su incidencia. Este es el caso del dengue”. Así de contundente fue el editorial de este Diario del 2 de junio último. Y en este espacio suscribimos cada palabra.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), durante el 2022 se notificaron 2,8 millones de casos de dengue en las Américas, un aumento de más del doble en comparación con los 1,2 millones del 2021. Pero los países con mayor incidencia acumulada entonces eran Nicaragua, Brasil y Belice. El Perú aún no figuraba. Ahora ha avanzado significativamente, especialmente en letalidad.
Hoy vemos que, en lo que va del año, han muerto más peruanos por dengue que en todo el 2017, especialmente dramático en la expansión de esta enfermedad por la llegada de un fenómeno de El Niño Costero. Este 2023, cuando a este fenómeno climático se le adelantaron las intensas lluvias por el ciclón Yaku, esto se veía venir.
Piura lidera la lista de regiones con mayor número de contagios y fallecidos por dengue. Su Cámara de Comercio ha emitido un duro pronunciamiento en contra del Ministerio de Salud (Minsa), al que exhorta a “asumir el liderazgo en la lucha contra el dengue […] a fin de evitar que la crisis se prolongue y agrave”. Aseguran que “la situación es dramática, peor que la experiencia del 2017″ y que los “centros de salud no se dan abasto para atender a la población afectada”, pues el personal médico y asistencial es insuficiente.
¿Por qué el Minsa y los gobiernos regionales demoraron tanto en reaccionar frente a un escenario de salud pública a todas luces predecible? Recientemente, el Minsa presentó a un equipo de la Misión de Cooperación de la Organización Panamericana de Salud y la OMS, que apoyará en el fortalecimiento de la gestión en la prevención y control de esta enfermedad. Un soporte adicional siempre es bienvenido, pero es inevitable preguntarnos de qué prevención hablamos cuando ya tenemos la emergencia sanitaria encima. Servirá, ojalá, para hacer frente a los efectos de El Niño global.
El Perú es país endémico de dengue, sobre todo en la selva y la costa norte. Es decir, la posibilidad de contagio siempre está presente, sabemos cómo prevenir la enfermedad, cómo se manifiesta y cómo tratarla. El Minsa tiene la información desde hace décadas, pero vemos absoluta falta de liderazgo para definir políticas y llevarlas a cabo. Sus respuestas son tardías e insuficientes, no activa protocolos ni implementa campañas de educación para informar ahí donde no se conoce la enfermedad y para reforzar mensajes de prevención en zonas endémicas. Una ineficiencia que termina volviendo emergencia nacional una epidemia evitable.
Seguimos actuando de manera reactiva a brotes que hay todos los años. Variarán en intensidad, pero siempre llegarán. Así como llegarán los friajes y los huaicos.
En los últimos dos años, el Minsa dejó de realizar un control vectorial riguroso, que significa buscar casa por casa la presencia del zancudo ‘Aedes aegypti’, transmisor del dengue. Tampoco anticipó la adquisición de insumos médicos esenciales como el suero ni la implementación de hospitales temporales, experiencia que adquirimos durante la pandemia. Nuevamente, las consecuencias de carecer de un primer nivel de atención de salud sólido.
La descentralización, que lleva más de dos décadas de aplicación, no ha funcionado. Es un proceso que quedó trunco y necesita ser repensado según la Política de Modernización de Gestión Pública. Se debe adecuar las competencias y funciones entre los distintos niveles de gobierno tomando en cuenta la elevada heterogeneidad y atomización que caracteriza a las jurisdicciones locales.
Pero ninguna reforma funcionará si seguimos teniendo esta ausencia de voluntad política y de compromiso con el bien común. Nuestros funcionarios parecen haber perdido de vista que son servidores públicos. Están puestos ahí para atender los requerimientos de los ciudadanos. Es hasta ingenuo subrayarlo a estas alturas, pero no podemos volvernos cínicos frente a la gestión calamitosa que estamos viendo en todos los niveles del Estado y frente a tantas necesidades básicas insatisfechas de la población.
La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, debe responder por la deficiente respuesta de su sector ante esta epidemia, que ya supera los 200 decesos. Inexplicablemente, dio por concluidas las labores del grupo de expertos que venían apoyando ad honorem en las políticas e intervenciones de control frente a esta enfermedad.
Fuimos el país con más fallecidos per cápita del mundo por COVID-19. La muerte de 220.000 compatriotas no motivó cambio alguno en la gestión del Estado. Nuestros muertos ya no están y nuestras autoridades no aprendieron nada. O no les interesa. ¿Qué es peor? Juzgue usted.
